Ciudad de México. A través de ejercicios de fiscalización el gobierno federal observó el año pasado 75 mil millones de entorno a empresas farmacéuticas y el sector salud, y en las instituciones públicas con mayor número de casos se registró en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a conocer la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Al concluir su encuentro privado con diputados federales de Morena, al cual también acudieron José Agustín Ortiz Pinchetti y Santiago Nieto, la funcionaria expuso que la dependencia a su cargo también sigue el caso entorno al desabasto de medicamentos, con la investigación de media docena altos funcionarios del sector salud. Estamos investigando- dijo- a funcionarios de todos los niveles, sin buscar chivos expiatorios.
También reiteró que en los últimos diez meses se han sancionado a tres mil 97 funcionarios de todos los niveles, pillados en actos de corrupción. Buscamos “una ética pública, porque este gobierno ya no tolera la corrupción, y es un proceso de exigencia continua”.
Así, en el encuentro privado con los diputados de Morena, la doctora Sandoval solicitó el impulso de la iniciativa de Ley Federal de Conflicto de Interés, que conllevará la obligación de la Secretaría de la Función Pública de llevar un registro público de intereses, que pudieran definir en conflicto; obligaciones y prohibiciones de proveedoras y contratistas que pudieran incurrir en conflictos de intereses; reglas para la prevención de conflictos de intereses con posterioridad al desempeño de funciones públicas; y, regular las actividades que suelen traducirse en conflicto de interés en el desempeño de la función pública.
Entre las peticiones al grupo morenista también destacó la solicitud de apoyo a la iniciativa de Ley General de Protección a Alertadores –dirigida a salvaguardar a las personas que denuncien actos de corrupción-, donde se reconocerá el derecho de cualquier persona a alertar; protección de personas que decidan alertar; información susceptible de ser revelada; creación del órgano de protección a alertadores; procedimiento de alerta; medidas de protección a los alertadores.
