Ciudad de México. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer la existencia de dos denuncias por “presuntos desvíos de lavado de dinero vinculados con el financiamiento ilícito a campañas electorales”.
El funcionario se reunió en privado con los diputados federales de Morena y tras el encuentro expuso que en colaboración y coordinación con José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), “estamos desarrollando una investigación en el tema de lo que se denominó Operación zafiro, es decir, recursos que fueron extraídos de secretarías de educación (estatales) para efecto de financiar campañas”.
En breve entrevista, antes de abandonar el palacio legislativo de San Lázaro, adujo que el artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales establece que no pueden incorporarse a las campañas electorales recursos “cuando vengan de la administración pública, cuando vengan de la delincuencia organizada o cuando se superen los topes a las campañas”.
Al confirmar que se han presentado dos denuncias, refirió que se trabaja para detectar si en los casos de la (llamada) estafa maestra también el dinero fue separado de forma ilícita a partir de empresas fachada y si llegó –o no– a campañas electorales. Para que surta efecto tal averiguación, se firmó un convenio entre la UIF y la Fepade.
Sobre las investigaciones en torno a las casas de estudio, también la Secretaría del Bienestar aportó a la UIF 105 convenios de colaboración donde se detectaron irregularidades en instituciones de educación superior:
“Y lo que estamos rastreando en este momento son las empresas, muchas de las cueles ya desaparecieron o fueron liquidadas, lo cual da un elemento para considerar que eran empresas fachada y que fue un tema de corrupción que se vivió durante la anterior administración”.
Antes, en conferencia de prensa, el funcionario reiteró que el monto de dinero congelado a organizaciones criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito o el Cártel de Sinaloa –entre otros grupos delictivos- asciende a 4 mil 500 millones de pesos y 52 millones de dólares.
Así Santiago Nieto había desglosado a los diputados federales la petición –desde la UIF– para que se dé trámite a la reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se ajusta a los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –que evaluará el año próximo el trabajo gubernamental en la materia–, para mostrar avances significativos en el cumplimiento técnico, y obtener “re-calificaciones de las recomendaciones pendientes de pleno cumplimiento, a fin de lograr salir de dichos procesos, y sobre todo, tener un sistema de prevención-combate al lavado de dinero más robusto y efectivo”.
También Santiago Nieto abordó ante los diputados tres casos sometidos a investigación: la empresa especializada en trabajos de extracción petrolera MAECA, de Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, y otra del Cártel del Pacífico.
