La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que “ante el riesgo de generar excesos de aplicación, discriminación y estigmatización en las estrategias de revisión de mochilas y pertenencias a alumnas y alumnos en las escuelas del país, se mantiene alerta para evitar acciones que atenten en contra y que no garanticen el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Como no existen protocolos homologados en la aplicación del operativo “Mochila Segura” se exponen todas las pertenencias del alumnado a la vista. Además, las revisiones las realiza personal de seguridad pública uniformado y en ocasiones armado, y se utilizan binomios caninos y detectores de metales, lo cual genera temor e incertidumbre, y genera un clima amenazador entre los alumnos y alumnas, advirtió el organismo público en un comunicado.

Asimismo, en ocasiones las revisiones han implicado tocar el cuerpo de las y los estudiantes o pedirles que se quiten la ropa, lo cual atenta contra su dignidad e intimidad, además de que se excluye en este tipo de revisiones al personal docente y administrativo.

Por todo ello, la Comisión hizo un llamado a las Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los Gobiernos de las 32 entidades federativas a no implementar ese tipo de medidas, “por considerarlas reactivas, que carecen de eficacia, y pueden derivar en violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”.

De igual forma, exhortó a las autoridades a que cumplimenten y consideren las propuestas contenidas en la Recomendación 48/2019.

En sustitución de los operativos de revisión de las pertenencias, el organismo instó a todas las autoridades de gobierno a optar por acciones preventivas y de apoyo a niñas, niños y adolescentes, a sus familias y otros cuidadores para emprender acciones que impulsen prácticas amorosas, positivas, sin violencia y que se propicien vínculos de confianza entre familias y sus hijas e hijos.

“La CNDH impulsará un acercamiento con la Secretaría de Educación Pública, para la revisión de las acciones de prevención y protocolos para la atención de la violencia en los contextos escolares con que cuenta. Esto con el fin de contribuir a la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes y garantizar que todas las medidas que se implementen con ese objetivo sean compatibles con la dignidad y derechos de las personas menores de edad”, indicó.