Washington. Estados Unidos anunció el miércoles la prohibición de ingreso al país de 13 ex militares salvadoreños, a quienes involucró en la ejecución extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador en 1989.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dispuso que, por "violaciones graves de los derechos humanos", se denegará la visa a estos ex militares, cuyos rangos van de general a soldado, así como a sus familiares directos.
La medida alcanza a Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Angel Pérez Vásquez, y José Alberto Sierra Ascencio.
La matanza en la UCA tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).
Ese día, en el marco de una ofensiva de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), efectivos del ahora proscrito Batallón Atlacatl atacaron a los seis sacerdotes y a dos asistentes que se encontraban en un centro pastoral en las instalaciones de la UCA.
Las víctimas fueron el hispanosalvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina, menor de edad.
"Estados Unidos condena todos los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar en ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por partidos gubernamentales y no gubernamentales", dijo Pompeo en un comunicado.
El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que aunque el gobierno de Donald Trump valora la relación actual con las Fuerzas Armadas salvadoreñas, seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para abordar los abusos de los derechos humanos y alentar la rendición de cuentas, "sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró".
Al cumplirse 30 años de la masacre, centenares de salvadoreños denunciaron la impunidad que persiste sobre el caso, en el marco de conmemoraciones en la UCA.
En El Salvador solo fueron juzgados los militares acusados de ser los autores materiales del crimen. En enero de 2016, un tribunal español pidió a Interpol detener a otros 17 oficiales retirados, pero en agosto de 2017 la Corte Suprema salvadoreña dejó sin efecto la demanda.
En abril de 2018 un juzgado de San Salvador ordenó la reapertura de un proceso penal para investigar a los autores intelectuales de la masacre.
Los jesuitas acusan de ordenar la matanza a los generales en retiro Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Orlando Zepeda, al difunto René Emilio Ponce y al coronel Inocente Orlando Montano. Este último fue extraditado por Estados Unidos a España, donde permanece encarcelado por esta causa.
La guerra civil en El Salvador concluyó con un acuerdo de paz mediado por la ONU entre el gobierno y el FMLN, tras 12 años de un conflicto que dejó más de 75 mil muertos y siete mil desaparecidos.
