Mexicali, BC. Ciudadanos que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción propusieron al Congreso de Baja California que se le otorgue personalidad jurídica y patrimonio propios a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

Desde que se realizó la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2019, cuando se creó esta fiscalía y se designó a la abogada Elizabeth Ojeda Mayoral como titular –quien renunció este miércoles por la ausencia de presupuesto– se detectaron carencias legales de este órgano autónomo que es responsable de la investigación de delitos cometidos por servidores públicos y que se encuentra fuera de la esfera de la Fiscalía General del Estado.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Francisco Fiorentini, acudió al Congreso local para presentar una iniciativa de reforma constitucional que dote de elementos básicos a la fiscalía para que realice su trabajo en el combate a la corrupción.

También solicitó que esta fiscalía especializada cuente con autonomía de gestión y que se designe a una Comisión Especial integrada por tres diputados y cuatro ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para la evaluación de aspirantes a fiscal, tal y como estaba estipulado en el texto constitucional que dio origen al SEA.

Fiorentini Cañedo advirtió además que existe una contradicción entre las fracciones 42 y 46 del artículo 27 de la Constitución Política de Baja California donde se describe la forma de nombrar al fiscal anticorrupción. Explicó que por una parte señala que debe hacerse a través de una convocatoria pública y por otra mediante una terna propuesta por el gobernador, en este caso Jaime Bonilla, de Morena.

Una vez presentada la iniciativa de reforma ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, Fiorentini acudió a la oficina del gobernador para solicitar por escrito la instalación de una mesa de trabajo institucional que se reúna de forma mensual para consolidar la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, a partir de una agenda y un programa de trabajo compartidos.

En esta mesa de trabajo participaría también el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.