Ciudad de México. Entre marzo y abril se tendrán las primeras órdenes de aprehensión y a los primeros delincuentes en la cárcel por delitos de defraudación fiscal, así lo aseguró el procurador fiscal Carlos Romero Aranda.

Esto, dijo, porque en febrero se presentarán declaraciones de impuestos de las empresas y tendrán información que ayudará a delinear quiénes compran facturas y hacen operaciones simuladas.

Romero Aranda precisó que a la fecha se tiene una compra de facturas equivalentes a 2 o 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El subprocurador fiscal informó que ademas de las siete empresas que se acercaron en diciembre para regularizar su situación y que permitió a la Federación recuperar 2 mil 100 millones de pesos, en enero se acercaron otras seis empresas, aunque todavía no se tiene un monto estimado de recuperación, aclaró.

“Hay varios contribuyentes que prefieren pagar antes que jugar más allá por los riesgos que presenta la nueva ley”.

Por su parte, el subprocurador de Investigación, Víctor Manuel Martínez Contreras, indicó que se tienen investigaciones muy adelantadas y se va a presentar una querella contra un contribuyente y el despacho de asesoría fiscal que instrumentó la planeación agresiva en contra del erario.

A su vez, Carlos Aranda destacó que no le interesa tener a empresarios en la cárcel sino que paguen sus impuestos.

Fuentes fiscales aseguraron que es una instrucción presidencial ir a fondo contra los defraudadores fiscales y actuarán de manera conjunta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Romero Aranda recordó que se calcula que la defraudación fiscal por parte de las factureras es de al menos unos 500 mil millones de pesos, monto que equivale a 200 años el presupuesto de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Indicó que se tienen en la Procuraduría Fiscal alrededor de 4 mil querellas de administraciones pasadas.