Ciudad de México. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que Miguel Ángel Celis, director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, rechazó sumarse al programa de atención y medicamentos gratuitos, el directivo afirmó horas más tarde que ya se adhirió a ese mecanismo y rehusó haberse negado a suscribirlo.

En la conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal convocó al funcionario a recapacitar, pues tiene contratos por 600 millones de pesos de servicios y de medicamentos desde hace tiempo.

López Obrador destacó que eso ya se termina. Ojalá y de manera voluntaria se adhieran al plan todos, y nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, que todos cooperen para que salgamos adelante.

El señalamiento que se hizo en la conferencia matutina puso una vez más en evidencia las irregularidades que desde hace varios meses han denunciado trabajadores del instituto.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que el de Neurología es el único de los 23 institutos de salud que no se ha adherido al proyecto de gratuidad en los servicios y medicamentos, porque tiene un contrato por 622 millones de pesos con la empresa Phoenix, que le vende medicinas, material de curación y otros servicios.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que no es nuevo que los servicios médicos y la formación de especialistas en el Instituto de Neurología están abandonados. Ha sido un problema progresivo al que no se le ha puesto la atención en lo administrativo ni en el desarrollo de personal especializado para tratar las enfermedades neurológicas.

Sostuvo que a la tarea de investigación le falta solidez. Sobre la atención médica, los que se atienden en términos muy generales, se atienden bien, pero no se les da oportunidad a muchos. Reconoció, sin embargo, que es una deuda que también hay en otros hospitales.

Antes, en la presentación del reporte semanal El pulso de la salud, López-Gatell dijo que Neurología quiere mantener el contrato con particulares –concluye en noviembre próximo–, mientras el gobierno federal insiste en el diálogo.

Queremos que todos se convenzan de que estamos haciendo un bien para la población.

Si un instituto no visualiza eso, pues habrá que identificar claramente las prioridades; para nosotros la prioridad es la salud y no los contratos o los negocios, subrayó.

Desde hace varios meses trabajadores de Neurología denunciaron que diversos contratos con empresas privadas han significado que los pacientes paguen de 10 mil a 30 mil pesos o más por la renta de equipos para cirugías, mientras los del instituto están guardados (La Jornada, 14/10/19; 21/11/19).

Además, los pocos enfermos que son admitidos reciben la indicación de que compren las medicinas en la farmacia concesionada ubicada dentro del hospital.

Por la tarde, personal del organismo afirmó que el abandono de los servicios en el Instituto de Neurología se refleja en una ocupación hospitalaria menor a 40 por ciento de su capacidad y en la carencia de insumos básicos. De las irregularidades ya tiene conocimiento la Secretaría de la Función Pública, aseguraron.

En tanto, en su comunicado dirigido a los neurólogos, Miguel Ángel Celis aseguró que nunca se negó a firmar el convenio de gratuidad. El día que se envió la minuta (23 de enero) no se encontraba en el instituto, pues asistió como ponente a la 22 Reunión Nacional de Residentes, por lo que no le fue posible firmarla, sin embargo, a su regreso firmo el documento (sic).

Expuso que está en la mejor disposición de colaborar con el Plan de gratuidad, por lo que llevara (sic) a cabo todas las gestiones necesarias.

No obstante, el texto –cuya copia tiene La Jornada– contradice la respuesta que días atrás dio a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en la cual señaló que el acuerdo carece de motivación y fundamentación técnica y jurídica, por lo que no es viable.

López-Gatell explicó que la mitad de los institutos y hospitales de tercer nivel tienen contratos con distintos proveedores. En algunos casos se pueden cancelar. Lo vamos a ver caso por caso.

Resaltó que los contratos de servicios integrales del pasado respondían a la lógica del mercado de que los privados lo hacen mejor o que son más eficientes. Pero está demostrado que se fragmenta el esfuerzo, hay sobreprecios y es muy pobre capacidad del Estado para verificar la calidad del servicio.