Petróleos Mexicanos iniciará investigaciones relacionadas con la compra de acciones en el astillero español “Hijos de J Barrales SA”, tras la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación en la que se cuestiona las razones por las cuales esa empresa invirtió en un ramo que no le corresponde y en donde se reportaron pérdidas. Pemex no ha obtenido ninguna ganancia de esas inversiones, promovidas por el ex director, Emilio Lozoya según lo dio a conocer el director de Pemex Octavio Romero Oropeza.

Al relatar la cronología de esta operación narró que en noviembre de 2013 que el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya sugirió aprobar al Consejo de Administración de Pemex Comercio Internacional. En la cronología presentada un mes después, Pemex adquirió el 51 por ciento de las acciones del astillero, a pesar de lo cual, no asumió la responsabilidad de las decisiones del astillero cuyos accionistas minoritarios “no sólo tomaron las decisiones importantes sino el control de la empresa”.

En febrero de 2014 según explicó Romero Oropeza, ese astillero construyó una “Unidad Habitacional Flotante” (una especie de crucero) para dar servicio personal de Pemex Exploración y Producción. “El flotel nunca ha sido utilizado a su máxima capacidad y tuvo un costo de 145 millones de euros”. Destacó que no se ha podido vender por el avalúo arroja cantidades menores al costo de adquisición.

De acuerdo a Romero Oropeza, el astillero no construyó ninguna otra embarcación y en 2016 tuvo pérdidas por 5.5 millones de euros. Posteriormente el astillero celebró 4 contratos de Construcción de Buques, uno de los cuales era para construir un crucero de lujo para la empresa Ritz Carlton, en donde “el Astillero otorgó una garantía por la cantidad de 16 millones de euros. El 50 por ciento de la garantía a cargo de Pemex”.

Para octubre de 2018, Pemex Comercio Internacional recibió una oferta de compra de sus acciones en el Astillero por parte de los otros accionistas, misma que fue rechazada “ya que no era tal, no implicaba pago alguno a Pemex, al contrario, se le exigían adeudos.

En el 2019 la ASF emitió la recomendación para investigar todas las operaciones al respecto por lo que Pemex inició las indagatorias y, en su caso, emprendería un proceso administrativo “por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron invertir en el Astillero”.