Ciudad de México. Las prebases y las acciones del proyecto del Tren Maya emprendidas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) son ilegales, luego de la suspensión provisional en ese sentido otorgada a comunidades de Calakmul por un juzgado federal de Campeche, aseguró Rommel González, miembro del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx).

El juez federal concedió la suspensión provisional del proyecto del Tren Maya a estas comunidades indígenas, por lo que la autoridad deberá “abstenerse de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva”, 

En conferencia de prensa, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), como la asesora jurídica Elisa Cruz Rueda, Artemia Fabre, de Diálogo y Movimiento; Romel González coordinador de democracia y desarrollo del CRIPX, dieron a conocer que el pasado 14 de enero el Poder Judicial de la Federación les concedió la suspensión provisional, en respuesta a una solicitud de amparo que presentaron en contra del proceso de consulta que se llevó a cabo en asambleas informativas y consultivas con representantes de comunidades indígenas, para obtener la aprobación de la comunidad.

Agregan que la solicitud de amparo presentada el 6 de enero del 2020, reclama “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, así como la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

En la demanda se señala como autoridades responsables al presidente de la República, Andrés Manuel López obrador; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

Denunciaron que el proceso de consulta se efectuó sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Arguyeron que el ejercicio consultivo no cumplió con el carácter de informar, ni previa, pues no recibieron información detallada con antelación suficiente, ni se respetó su derecho a la participación ya que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa del 30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades. Asimismo, antes de consultar, ya se había anunciado la aprobación del proyecto el proyecto a través de diversos canales públicos.

La consulta tampoco se realizó de buena fe, agregaron, y no fue culturalmente adecuada, ya que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad.

Por ello el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables con independencia al resultado de la consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto”, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

Tras expresar su alegría por este fallo, las comunidades indígenas del pueblo Maya Peninsular y Ch´lo, asentados en Xpujil, exhortaron al resto de los pueblos en los estados de la República afectados por el Tren Maya, a que agoten la vía jurisdiccional para defender su derecho a una verdadera consulta, a la integralidad de sus tierras y territorios, y a la autonomía y libre determinación.

Sin embargo, Fonatur indicó que la suspensión provisional fue negada el 20 de enero pasado y que está a la expectativa de cómo evoluciona el amparo promovido por las comunidades. “Se niega la suspensión provisional”, señala un documento mostrado a La Jornada por el organismo encargado de la licitación del Tren Maya.

El Fonatur lanzó el 10 de enero las prebases para licitar dos tramos del Tren Maya, que incluyen proyectos ejecutivos, suministro de materiales y construcción de plataformas y vías, y la semana pasada convocó a un taller dirigido a empresas interesadas en la licitación.

A ese taller asistieron representantes de casi 90 empresas.

En entrevista Rommel González indicó que las prebases contravienen la orden del juzgado federal y el Fonatur debería suspender el proceso de licitación.