Madrid. El todavía presidente de la Generalitat de Cataluña, el nacionalista conservador Quim Torra, fue despojado de su condición de diputado por instrucciones del propio Parlamento catalán que decidió acatar la sentencia de la Junta Electoral Provincial (JEP) y las medidas cautelaras ordenadas por el Tribunal Supremo (TS). Esta decisión, avalada por el presidente del Congreso regional, el independentista Roger Torrent, provocó un cisma en el bloque del separatismo ante el malestar provocado en el sector de Junts per Catalunya (JxCat), al que pertenece el propio Torra, que se negó a votar en la sesión y provocó con ello el bloqueo de la institución.
Durante las elecciones de abril pasado, Torra se negó a acatar en varias ocasiones las resoluciones de la JEP en las que se le instaba a retirar cualquier tipo de simbología o propaganda partidista de los edificios públicos, en aras de garantizar la neutralidad de las instituciones durante las dos semanas de la campaña proselitista. El presidente catalán se negó a retirar los carteles y las fotografías que hacían referencia a los políticos catalanes presos por su participación en la declaración unilateral fallida de independencia de octubre del 2017, lo que provocó que se le imputara y condenara por un delito de desobediencia.
La sentencia todavía no es firme, a la espera de que se resuelva el recurso de amparo presentado ante el TS, pero el propio tribunal español acordó que se le retirara la condición de diputado en lo que se resuelve y se publica la sentencia definitiva, en la que se preve que también le despoje de su condición de presidente, al haber sido condenado a la inhabilitación de cargo público durante dos años y medio.
Torra se negó a acatar la resolución judicial e instó a sus socios en el gobierno y en el movimiento independentista -Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unitat Popular (CUP)- a que rechazaran la sentencia y que le “restituyeran” de sus derechos como parlamentario aprobando en el pleno una resolución específica sobre el asunto. Pero lejos de esto, el presidente del Parlamento, Torrent (de ERC), informó que la Mesa había decidido asumir la sentencia y quitarle definitivamente sus derechos como diputado, pero no así como presidente de la Generalitat, una vez que en la sentencia no se especifica este extremo y habría un resquicio jurídico para que mantuviera ese estatus.
Una vez conocida la decisión de la Mesa, el propio Torra pidió la palabra para volver a instar a sus socios de ERC a que le restituyan sus derechos y hagan caso omiso a la resolución. Pero de nuevo la respuesta fue negativa, alegando que si optaban por esta estrategia de “simbolismo estéril”, como lo definió el propio vocero de ERC, Sergi Sabrià, se corría el riesgo de que todas las votaciones en las que participara Torra quedarían anuladas y los propios miembros de la Mesa podrían ser acusados del delito de desobediencia.
Ante esta situación y después de que se suspendiera el pleno porque una parte de la oposición gritó durante el pleno que Torra era un “delincuente”, los diputados de JxCat se reunieron en solitario y acordaron negarse a participar en las votaciones que se llevarían a cabo en la sesión para “no blanquear” una decisión que consideran “ilegal”. Al no votar, el resultado fue que no se aprobaron los presupuestos del Parlamento y tampoco se aprobaron importantes mociones e iniciativas, entre ellas los presupuestos generales de la autonomía -prorrogados en los últimos tres años- y la de la partida presupuestaria para el Sìndic de Grauges (Defensor del Pueblo catalán), que se ha convertido en una pieza fundamental en el movimiento separatista.
La fractura en el seno del independentismo podría derivar, si Torra cumple su amenaza, en la convocatoria de un adelanto electoral, que serían las terceras en los últimos tres años.
