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Revocan permiso de instalación a gasera Blue Propoane en BC

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La gasera Blue Propane perdió el permiso para construir una estación en Tijuana. Foto Lindero Norte
27 de enero de 2020 16:13

Mexicali, BC. El Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación ordenó al Ayuntamiento de Tijuana a revocar los permisos municipales que permitieron la construcción de una estación de gas LP en las inmediaciones de una zona habitacional, y de infraestructura escolar, de esta ciudad fronteriza.

Los vecinos del fraccionamiento Urbi Villa del Prado, solicitaron el amparo de la justicia federal porque la construcción de una planta de almacenamiento y distribución de la empresa Blue Propane violó la distancia mínima entre un establecimiento comercial de ese tipo y el área habitacional.

En un trienio, la empresa construyó una decena de estaciones similares, en zonas habitacionales de Tijuana, a pesar de las irregularidades legales, y la presión social.

En el documento que presentaron ante el juzgado federal, los colonos asientan que el gobierno del alcalde Juan Manuel Gastelum (2016-2019) transgredió el Reglamento de Edificación en el que se define 300 metros como una distancia de amortiguamiento.

A unos metros del terreno donde se construyó la planta se ubican una escuela primaria y otra de educación preescolar; además, pone en riesgo a los residentes.

Incluso, el propio gobierno municipal determinó con anterioridad, que ese es un predio de alto riesgo, pero el dictamen se ocultó para que los abogados de la empresa solicitaran permisos federales, de acuerdo al expediente 699/2019.

La juez Distrito Quinto en Materia de Amparo resolvió el 17 de enero que el Ayuntamiento de Tijuana cancelara el dictamen y efectos del permiso de Uso de Suelo y la Licencia de Construcción de la estación de la empresa Blue Propane.

Durante el litigio, Gastelum Buenrostro rechazó que hubiera tales irregularidades, pero la defensa de los vecinos demostró la violación al Reglamento Municipal de Edificación, la declaratoria de predio de alto riesgo, e incluso la existencia de una moratoria que impedía aprobar permisos de uso de suelo y licencias de construcción.

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