Ciudad de México. En 2010 el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, fue el encargado de dar un giro radical al sistema carcelario: abrirlo a la iniciativa privada, dando como resultado un negocio de más de 200 mil millones de pesos en manos de sólo seis magnates mexicanos. Es un proceso de cambio de largo alcance, afirmó el ex funcionario en 2012, cuando inauguró el primero de ocho penales privados.

Hace casi una década se detectó que, producto de la llamada guerra contra el narcotráfico, se elevó de manera drástica el número de presos y el espacio para albergarlos era insuficiente. Ante la falta de recursos públicos, la solución fue encargar a seis empresarios que invirtieran en la construcción de ocho penales, cada uno con un costo de 4 mil millones de pesos; es decir, un desembolso de 32 mil millones. Una suma menor a cambio de alta rentabilidad.

La adjudicación, directa, en el sexenio de Felipe Calderón, se hizo bajo la figura de contrato de prestación de servicios. A cambio, las empresas tendrían el derecho de administrar los penales (sin incluir la seguridad) durante 22 años, es decir, hasta 2032.

Entre los servicios que ofrecen, por los que cobran al gobierno casi 10 mil millones de pesos anuales, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), están los de alimentación, servicio médico, mantenimiento, esparcimiento y lavandería.

Los empresarios involucrados inicialmente fueron Olegario Vázquez Raña, por medio de su compañía Prodemex; Federico Martínez, con Tradeco; Hipólito Gerard Rivero, con GIA; Bernardo Quintana, en ese entonces con ICA; Eustaquio de Nicolás, con Homex, y Adrián García Pons, con Arendal. Posteriormente, en 2013, la quiebra de Homex orilló a vender su concesión a Ideal, de Carlos Slim.

Como parte del acuerdo, la Secretaría de Hacienda instruyó que a partir de diciembre de 2012 y hasta el mismo mes de 2032 se pagara a dichas firmas 9 mil 937 millones de pesos, dando como resultado un costo total de 198 mil 740 millones; no obstante, según la ASF, la suma se elevó en 41 mil millones, debido a sobrecostos en la construcción de algunos reclusorios.

Cabe subrayar que no es posible acceder a los contratos de las adjudicaciones directas a las empresas involucradas, debido a que, al tratarse de seguridad nacional, éstos fueron clasificados como confidenciales para los próximos 12 años.

Cifras de la ASF y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs) indican que entre 2012 y 2018 este último ha pagado a las compañías mencionadas casi 55 mil millones de pesos por la operación ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Sólo en 2018, de los 2 mil millones de pesos aprobados en el presupuesto del Oadprs para cárceles federales, 80 por ciento se fue al pago de los ocho Ceferesos privados.

Según el estudio Privatización del sistema penitenciario en México, encabezado por la Universidad Iberoamericana Puebla, el objetivo de incluir capital privado en los centros de reclusión era quitar presión a las finanzas públicas y mejorar las condiciones de los reos; sin embargo, dicha medida parece estar más enfocada a satisfacer las necesidades de las compañías.

Dicho texto indica que las empresas cobran una cuota de mantenimiento al gobierno por cada lugar disponible en el centro; es decir, debe pagar por la capacidad completa y no por el número de reos. Esto significa que el Estado tiene interés en llenar esos centros porque, de todas formas, debe asegurar el pago completo.

Las prisiones que construyeron esas compañías tienen capacidad para 2 mil 520 reos, lo cual las convierte en las más grandes del sistema penitenciario, pero la mayoría no alcanza ni la mitad de su capacidad total.

Gustavo Fondevila, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, recordó que la justificación del gobierno era que el sector privado tiene más recursos para brindar mejores condiciones de alojamiento a los reclusos y contribuir a la reinserción de estas personas con menores costos económicos y sociales.

Los penales federales en manos de empresarios están repartidos de la siguiente forma: ICA tiene los Ceferesos 11 (Sonora) y 12 (Guanajuato); GIA, el 13, en Oaxaca; Prodemex, el 14, en Durango, y el 17, en Michoacán; Arendal e Ideal, el 15, en Chiapas; Ideal, el 16, en Morelos, y Tradeco, el 18, en Coahuila.