Reyes Arzate fue acusado formalmente el jueves por la fiscalía federal de Nueva York con tres cargos relacionados con conspiración internacional para distribuir cocaína y ayer por la mañana fue presentado ante la juez magistrada Cheryl Pollak, ante la que se declaró no culpable. La juzgadora ordenó que permanezca encarcelado.

La oficina del fiscal de Estados Unidos para el distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, presentó ayer una carta ante la juez en la que solicitó la detención permanente de Reyes Arzate, a quien identificó como ex comandante de la unidad de investigación de inteligencia de la PF en México, “quien abusó de su puesto al ofrecer asistencia a cárteles de droga mexicanos a cambio de por lo menos cientos de miles de dólares en sobornos”. Divulgó que un gran jurado emitió los cargos el 23 de enero.

La unidad mexicana está compuesta de personal de la PF capacitado y aprobado y trabajando en conjunto con el gobierno de Estados Unidos en esfuerzos antinarcóticos, informa la carta. Agrega que el acusado fue policía federal asignado a esta unidad especializada entre 2003 y 2016, y entre 2008 y 2016 fue el comandante. En ese papel, el acusado fue el principal punto de contacto para el intercambio de información entre Estados Unidos y el personal de seguridad pública asignada a la unidad, y por lo tanto tenía contacto extenso y continuo con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México.

 Testigos cooperantes

Evidencia en manos de las autoridades estadunidenses, reporta el fiscal, revela que cuando era comandante de esta unidad recibió por lo menos cientos de miles de dólares en sobornos de los cárteles mexicanos –incluyendo la organización Beltrán Leyva y El Seguimiento 39– a cambio de protección a sus actividades.

El fiscal tambien reveló que varios testigos cooperantes y comunicaciones intervenidas corroboran su relación corrupta con los cárteles y con otros oficiales del gobierno.

Reyes Arzate cumple actualmente una sentencia de 40 meses de cárcel por sus actividades corruptas como resultado de otra acusación en Illinois, después de declarar que no se defendería de imputaciones de obstrucción a la justicia. Esa condena estaba por cumplirse el 27 de enero (o sea, en tres días) tras lo cual se esperaba su deportación a México.

El fiscal argumenta que debe permanecer detenido al proceder este nuevo caso, ya que hay riesgo de que huya antes de su juicio. Más aún, a pesar de la existencia de un tratado de extradición con México, Donoghue escribe que será un proceso extendido, y podría ser difícil de detener “dados sus vínculos con altos miembros del cártel y poderosos ex funcionarios, quienes podrían escudarlo”.

En otra parte entregada a los tribunales por el fiscal Donoghue, se solicita que este caso sea trasladado al juez Brian Cogan, quien se encargó del juicio de El Chapo y ahora está a cargo del proceso contra García Luna, con el argumento de que es de suponerse que los hechos en el caso de Reyes Arzate surgen de las mismas actividades, transacciones y eventos criminales en esos otros casos. Señala que los Beltrán Leyva fueron una facción del cártel de Sinaloa antes de su escisión y durante el tiempo en que el acusado fue policía federal. Aún más, señala que Reyes Arzate fue comandante de la unidad especializada de la PF cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública.