Ciudad de México. La utilización de menores de edad como policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, en el estado de Guerrero, es una práctica ilegal de reclutamiento en escenarios de crimen organizado, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

“Más allá de su legítimo derecho a la defensa y el reconocimiento a su carácter de policía comunitaria, la ley impide involucrar a niñas y niños en actividades que los coloquen en riesgo. El reclutamiento forzado es considerado un crimen de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional”, señaló Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim.

El especialista recordó que en 2011 y 2015 el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) le envió una serie de observaciones al Estado mexicano sobre el reclutamiento forzado de niños y la necesidad de revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada para que los infantes estén protegidos de la violencia, las cuales hasta la fecha siguen sin atenderse.

Una de las recomendaciones del organismo internacional fue que las autoridades nacionales “tipifiquen como delito de manera explícita el reclutamiento de niños por grupos armados, como grupos de la delincuencia organizada”.

De igual manera, el Comité pidió que el Estado mexicano “vele por que los grupos armados no recluten a ningún niño, entre otras formas identificando y siguiendo a los diversos grupos armados del país”, y “garantice que los niños reclutados ilegalmente tengan acceso a la justicia y reciban una indemnización”.

Asimismo, llamó a México a que “revise la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada para que los niños estén protegidos de la violencia, así como que cumpla efectivamente con el protocolo conjunto para la protección de niños durante las operaciones federales contra los grupos de la delincuencia organizada”.

Pérez García recordó también que el pasado 30 de abril de 2019, la Redim logró que el Estado mexicano reconociera el reclutamiento forzado y se comprometiera a crear un programa de desmovilización, pero al mismo tiempo recordó que ese punto sigue sin cumplirse.