Nueva York. En el primer día del juicio político contra el presidente Donald Trump, la mayoría republicana del Senado logró su objetivo de suprimir, por ahora, toda solicitud de documentación o testigos oficiales y adoptar reglas para realizar un proceso acelerado que podría concluir tan pronto como a finales de la próxima semana, cumpliendo así con los deseos del acusado que este martes observó el proceso desde Davos.

En el Senado, convertido en tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte, John Roberts, ayer se debatieron las reglas propuestas por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, para el tercer juicio político de un presidente en la historia del país.

No hubo gran consenso en el, por momentos, feroz intercambio de acusaciones en el debate que anoche continuó hasta tarde, con la mayoría republicana repetidamente derrotando intentos de los demócratas para enmendar las reglas con la finalidad de obtener más evidencia en manos del Poder Ejecutivo durante este proceso.

Por ahora, el juicio se realizará con un periodo de 24 horas (a lo largo de un máximo de tres días) para la presentación de los dos cargos –abuso de poder y obstrucción del Congreso– por el equipo de diputados que actúan como fiscales, seguido por otro turno de igual extensión para la respuesta por el equipo de abogados defensores del presidente. Al concluir, los senadores, actuando como jurado, contarán con un total de 16 horas para hacer preguntas. Después de eso, se abrirá otro debate para contemplar la posibilidad de solicitar o no más documentos y testigos (lo que ya fue rechazado, por ahora).

Todo concluye, según la propuesta, con las presentaciones finales primero de la defensa seguido por los fiscales, y culmina con una ronda de votos para cada uno de los dos cargos. Se requiere de por lo menos dos tercios de los senadores para condenar al presidente sobre cualquiera de los dos cargos, lo cual significaría su destitución.

Esas reglas imponen sesiones maratónicas, como la de ayer, con el objetivo de acelerar el proceso al máximo. Durante todas estas sesiones los senadores tienen prohibido hablar entre sí, usar sus celulares o comer dentro de la cámara alta. La primera víctima de estas reglas fue un senador republicano que no aguantó estas condiciones y se quedó dormido durante la sesión en que se hablaba con grandilocuencia sobre esta prueba del futuro de la democracia estadunidense.

A lo largo del día imperó la disputa por la definición de lo que es un juicio justo entre el equipo de los diputados demócratas enviados por la Cámara de Representantes para actuar como fiscales y el equipo de abogados defensores de Trump.

Pero justo o no, el resultado final del juicio político está casi asegurado desde un principio, ya que por ahora se descarta que 67 de los 100 senadores (53 republicanos, 45 demócratas y dos independientes que se inclinan hacia los demócratas) voten por destituir al presidente; para ello, 20 republicanos tendrían que rebelarse contra la figura que ahora domina su partido.

Por lo tanto, el objetivo explícito de la Casa Blanca y el liderazgo republicano en este juicio es proceder lo más rápido posible para al final absolver a Trump y evitar la presentación de pruebas en la forma de más documentos o testigos oficiales en el proceso (incluyendo figuras como su jefe de gabinete Mick Mulvaney o su ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, entre otros). Y por ahora lo están logrando.

Los demócratas denunciaron que, con las reglas propuestas ayer para el juicio, Trump y sus fieles legisladores están buscando encubrir delitos graves de abuso que ponen en riesgo la seguridad nacional y la integridad electoral de Estados Unidos.

Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia que encabeza a los diputados-fiscales en este juicio, y que ha calificado a Trump de la peor pesadilla de los autores de la Constitución, deploró las maniobras para suprimir más evidencia y testigos. Reiteró que el presidente “no es ningún rey… y este juicio se trata de asegurar que no se convierta en un rey”.

La diputada Val Demmings argumentó que, al negar toda solicitud de documentos y testigos, el presidente está realizando un encubrimiento porque es culpable y lo sabe.

Los abogados del mandatario han diseñado un mensaje en el cual rechazan la validez constitucional de los cargos y afirman que el jefe de la Casa Blanca no cometió ningún delito y, por lo tanto, sin violar una ley criminal, no puede ser sujeto al impeachment, argumento rechazado ampliamente por expertos constitucionales que citan precedentes legales y la Constitución.

Pero los republicanos buscan usar ese argumento para justificar su rechazo de testigos y documentos, ya que si no hay delito, no se requiere de evidencia para sustentar esos cargos.

Jeffrey Toobin, ex fiscal federal y analista legal de The New Yorker y CNN, comentó ayer que “en algún nivel, los defensores del presidente tienen que saber que la conducta de Trump amerita el impeachment. Por ello, el magnate ha tomado toda oportunidad para bloquear que los hechos salgan a la luz. Este martes, los abogados del presidente revelaron su agenda real: persuadir al Senado de preservar los secretos incriminatorios de Trump”.

Con el resultado final casi asegurado, tanto opositores como defensores de Trump se están dedicando al manejo del espectáculo para sus fines políticos respectivos, algo que no necesariamente tiene que ver con algo llamado democracia.