León, Gto. La ex alcaldesa priísta de León, en el periodo 2012-2015, Bárbara Botello Santibáñez, interpuso una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de desobediencia de un auto de suspensión, porque esa dependencia solicitó la acción penal por una denuncia de peculado de 1.5 millones de pesos, que derivó en un arresto, cuando estaba en curso un juicio de amparo.

En la carpeta de investigación 309/2020, integrada por la FGR, se menciona que esa acción, contenida en el artículo 262 de la Ley de Amparo, se castiga hasta con nueve años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, explicó el abogado, Alejandro Ochoa del Río.

Por su parte, la ex presidenta municipal reveló que ha sido amenazada y que le pidieron que ya no mencionara nada sobre sus procesos. Agregó que “desde que fui detenida, he vivido con miedo, con miedo por lo que puedan hacer en mi contra. Temo por mi seguridad y por la integridad mía, de mi familia y de mis colaboradores”.

Advirtió que “si algo nos llega a ocurrir, hago responsable al gobernador del estado y al fiscal General -Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Carlos Zamarripa Aguirre, respectivamente-”.

Bárbara Botello recordó que el alcalde panista, Héctor López Santillana, puso 39 denuncias penales, administrativas, civiles y mercantiles en su contra, porque al Partido Acción Nacional (PAN) le “dolió en el alma que una mujer les haya ganado la presidencia municipal de León.

“Hicieron de todo para boicotear nuestro gobierno y luego se dedicaron a perseguirme en venganza por haberme atrevido a ganarles una elección”, acusó.

El abogado comentó que la FGE no podía judicializar la carpeta de investigación de un supuesto peculado de 1.5 millones de pesos porque estaba en proceso el juicio de amparo; sin embargo, Bárbara Botello fue arrestada el 30 del mayo de 2019, afuera del fraccionamiento en donde vive.

La Fiscalía General del Estado acusa a la priísta de pagar 1.5 millones pesos por crear, desarrollar y ejecutar contratos ficticios con las empresas Participación en Proyectos, Advise Experts Trilogy y Asesoría Especializada Especta Aeesa. Este juicio continúa vigente.

También fue acusada de un peculado de 200 mil pesos, por presuntamente haber contratado a su peinadora como capturista con un sueldo de siete mil 250 pesos; caso por el que un juez la exoneró, pero la FGE apeló la sentencia.