San Fernando de Henares, España. El ex jefe de la policía catalana defendió este lunes su actuación en los días previos al fallido intento de secesión en 2017, en la primera jornada del juicio a la cúpula del cuerpo en un tribunal cerca de Madrid.
Josep Lluís Trapero, al frente de los Mossos d'Esquadra durante las convulsas semanas que derivaron en la fracasada declaración de una "República Catalana" el 27 de octubre de 2017, es el principal acusado en este juicio en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, 20 km al este de Madrid.
En el juicio, que debe terminar el 19 de marzo luego de que desfile un centenar de testigos, están procesados además de Trapero, el director y una intendente del cuerpo policial así como un responsable del departamento de Interior del gobierno regional catalán.
La fiscalía, que los acusa de haber colaborado con los dirigentes independentistas catalanes, pide once años de cárcel por rebelión para Trapero y los otros dos responsables policiales y políticos del cuerpo, Pere Soler y César Puig, y cuatro años por sedición contra la intendente Teresa Laplana.
"Hicimos lo que se ordenó"
Primero en responder las preguntas de la fiscalía, que señala a los Mossos de haber actuado con "total pasividad" frente a las órdenes judiciales, como las que prohibían el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, Trapero defendió su labor y la de sus agentes.
"Hicimos lo que se nos ordenó; si interpretamos bien o mal (las órdenes), no lo sé, pero hicimos lo que se nos ordenó en cada momento", aseveró Trapero sobre la jornada que quedó marcada por la violenta intervención de los cuerpos policiales dependientes del gobierno español en los colegios electorales.
Con respecto a la labor de los agentes el 20 de septiembre de 2017, durante una manifestación independentista frente a una sede del gobierno regional que era registrada, y que se saldó con vehículos de la Guardia Civil destruidos, expresó que siempre se buscó "que aquella jornada transcurriese dentro de un orden".
"Hablar de pasividad (de los Mossos), no lo puedo asumir", lanzó Trapero, quien cobró notoriedad como cara visible de la gestión de la policía catalana ante el doble atentado yihadista en agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, que dejó 16 muertos.
Tras declarar este lunes por más de cuatro horas, Trapero continuará testificando el martes a partir de las 10 horas (09 horas GMT).
Este juicio se produce tres meses después de que el Tribunal Supremo condenara en octubre a nueve líderes separatistas a penas de hasta 13 años de cárcel, desencadenando fuertes protestas, en ocasiones violentas, en esta región nororiental de España.
También ocurre en un delicado contexto político, en momentos en que el flamante gobierno del socialista Pedro Sánchez busca iniciar un diálogo con los independentistas catalanes para dejar atrás la batalla judicial emprendida contra el movimiento, siendo por ello objeto de duras críticas de la oposición de derecha y extrema derecha.
"La justicia se acabará imponiendo a la venganza", tuiteó el presidente regional catalán, el independentista Quim Torra.
En su declaración como testigo en el juicio en el Supremo contra los líderes políticos del movimiento, Trapero ya había acusado a estos de "irresponsabilidad" por persistir en realizar una votación prohibida por la justicia.
En ese momento, Trapero llegó a señalar que los Mossos estaban listos, si lo solicitaban los tribunales, para detener al entonces presidente regional Carles Puigdemont, que huiría a Bélgica tras la fallida declaración de independencia.
La fiscalía se abre a cambiar
A Trapero y a los otros acusados podría beneficiarles la sentencia del Supremo contra los líderes separatistas, que descartó la acusación de rebelión y la rebajó a sedición, con condenas más suaves.
En el caso de la cúpula de los Mossos, la fiscalía se abrió este lunes a rebajar el delito de rebelión "teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo", pero dijo que tomará su decisión tras escuchar los testimonios y las pruebas, según dijo el fiscal Pedro Rubira.
Dentro de su intento de distender la crisis en Cataluña, Pedro Sánchez, reconducido en el poder en parte gracias al apoyo de un partido independentista, colocó a su anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la fiscalía general del Estado, un órgano que puede tener influencia en causas todavía abiertas.
