Ciudad de México. A fin de cumplir con la resolución de la Suprema Corte, el Senado de la República despenalizará el consumo de la mariguana con fines recreativos, pero la medida “no será abrupta sino de forma paulatina”, a fin de que la disposición no se aplique de inmediato, sino a partir del 2021 o después, según se establece en el proyecto de dictamen.

Las Comisiones de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos elaboraron el nuevo proyecto de Ley para la Regulación del Cannabis, con una serie de modificaciones al documento que habían presentado en octubre, en parte para dar un plazo de por lo menos un año para liberar todos los usos de la mariguana, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresara la semana pasada que no es conveniente en estos momentos esa reforma.

El Senado, sin embargo, debe aprobar esa legislación, ya que la Suprema Corte resolvió el año pasado que son inconstitucionales los artículos de la Ley de Salud, que penalizan el consumo de mariguana y le dio un plazo a los senadores para llevarlo a cabo, que vence el próximo 30 de abril.

En el proyecto de dictamen se argumenta que acabar con esa prohibición “no debe ser abrupta e inmediata, sino gradual y sustentada en evidencias”, ya que la regulación de los usos del cannabis requiere de la construcción de experiencias cautelosas, porque la autorización para el uso lúdico o recreativo del cannabis psicotrópico puede originar diversas consecuencias”.

Entre ellas entre ellas que el crimen organizado que se dedica ahora al mercado ilegal, diversifique sus actividades bajo el nuevo marco, además de repercusiones en materia de salud, sobre todo entre los jóvenes.

La nueva ley incluye a cual contiene 5 Títulos y 73 artículos, además de 13 artículos transitorios. Estos últimos contienen los mecanismos y plazos para echar a andar la ley. Se estable que el Instituto Mexicano del Cannabis, el organismo del Estado que tendrá la rectoría en la materia, ya que es el que otorgará los permisos para el consumo personal de la droga, así como las licencias para producir y comercializar la planta, y el registro de usuarios, “deberá quedar constituido a más tardar el primero de enero del 2021”.

Es decir, dentro de un año y hay más plazos. Una vez constituido ese Instituto, el ejecutivo federal expedirá su Reglamento Interior, necesario para que pueda operar y contará con noventa días naturales para hacerlo.

Entre los cambios que se hicieron al proyecto de dictamen que se había presentado en octubre, está dar prioridad a los campesinos, o ejidos en los municipios en los que durante el periodo en el que estuvo prohibido del cannabis, los gobiernos federales, estatales y municipales hayan realizado tareas de erradicación de la droga.

Se les deberá entregar “cuando menos el 40 por ciento de las licencias” para la siembra y el cultivo de la mariguana y por un período de cinco años. Ello, “como medida de justicia social que busca resarcir los daños generados por la prohibición” en comunidades afectadas por el narcotráfico.

Los dictaminadores elevaron de cinco a 28 gramos la cantidad de mariguana que los ciudadanos pueden portar para su uso personal. Una “cantidad prudente”, dentro de la decisión de otorgar “un tratamiento menos rígido a las conductas de las personas respecto al cannabis”.

Traer cantidades mayores del cannabis “”deberá entenderse que no es para consumo personal, por lo que, para esos fines, deberá tramitarse la licencia que corresponda” y en aquellos casos en los que una persona esté en posesión de más de 28 y hasta 200 gramos de la droga, será remitido a la autoridad administrativa competente y se le impondrá una multa de sesenta a ciento veinte veces la Unidad de Medida y Actualización. Unos 10 mil 500 pesos.

El proyecto de dictamen fue entregado a los cooordinadores de todas las fuerzas políticas, fin de iniciar la discusión en las bancadas.