Richmond, Virginia.  Se espera una demostración de fuerza sin precedentes en Virginia por parte de los activistas por los derechos a la tenencia de armas y se espera que miles de activistas armados se presenten al mitin el lunes. Los organizadores están furiosos porque la nueva mayoría demócrata del estado tiene planes de promulgar una serie de restricciones a las armas.

Los grupos, que dicen defender la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos _que garantiza el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas, entre ellas las de fuego_ han identificado al estado como un punto de encuentro para la lucha contra lo que ven como una erosión nacional de esos derechos.

Las autoridades en Virginia están tomando precauciones, ya que varios grupos extremistas han inundado las redes sociales y los foros en línea con mensajes siniestros y han insinuado que podría desatarse la violencia.

La policía está buscando en internet pistas sobre los planes para sembrar el caos y los trabajadores municipales están acordonando con vallas metálicas la pintoresca plaza del Capitolio de Virginia. Un legislador incluso planea esconderse en una casa segura antes de lo que se espera que sea una demostración de fuerza sin precedentes de los activistas por los derechos a las armas.

Lo que está provocando su ira en este estado _una vez confiablemente conservador_ es el nuevo gobierno de mayoría demócrata y sus planes para promulgar una serie de restricciones a las armas. Este choque entre lo viejo y lo nuevo ha hecho que Virginia, decidida a evitar que se repita la violencia ocurrida en Charlottesville en 2017, sea la nueva zona cero del furioso debate en Estados Unidos sobre el control de armas.

La concentración anual de la Citizens Defense League (Liga de Defensa de los Ciudadanos) de Virginia en la zona que rodea el Capitolio atrae a unos pocos cientos de entusiastas de las armas. Este año, sin embargo, se espera que se presenten miles de activistas armados. Los grupos que defienden la Segunda Enmienda han identificado al estado como un punto focal para la lucha contra lo que ven como una erosión nacional de los derechos de armas.