La Paz. La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha expresado este viernes su "preocupación" por el inicio de "operaciones conjuntas" de "patrullaje preventivo" por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas de cara a los actos del 22 de enero, en el que los seguidores del expresidente Evo Morales han anunciado movilizaciones.

En su comunicado, el organismo ha recordado "los antecedentes de sucesos como los de Sacaba y Senkata, cuando 35 bolivianos perdieron la vida, 21 de los cuales se produjo en un contexto de similares intervenciones policiales-militares conjuntas".

Así, ha resaltado que "tanto la Policía como las Fuerzas Armadas deben enmarcar sus intervenciones" en la ley y ha hecho un llamamiento a las instituciones, líderes políticos y organizaciones sociales "a garantizar la estabilidad democrática y pacífica que hoy vive el país".

La Defensoría ha dicho que se debe crear un ambiente "que posibilite alcanzar un proceso electoral transparente y participativo, priorizando el uso de mecanismos de prevención de la violencia como el diálogo y la concertación, y no así el uso de la fuerza estatal".

En este sentido, ha manifestado que "si bien el derecho a la protesta está constitucionalmente protegido, su ejercicio debe limitarse a la no comisión de delitos".

"En ese marco, el Estado tiene la obligación de considerar su respuesta a estas manifestaciones sin distinguir su afinidad o divergencia, sino contemplando lo que dispone la ley", ha remachado.

Las movilizaciones fueron convocadas hace cerca de dos semanas por la presidenta del Senado y miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, Eva Copa, con motivo del Día del Estado Plurinacional.

Los sectores afines al mandatario argumentan además que el 22 de enero finaliza el mandato interno de Jeanine Áñez, si bien el Tribunal Constitucional aprobó el miércoles el proyecto para prorrogarlo hasta las elecciones, programadas para el 3 de mayo.

Áñez se autoproclamó presidenta interina en su calidad de nueva titular del Senado después de que Morales dimitiera el pasado 10 de noviembre en respuesta a las "irregularidades" detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en los comicios del 20 de octubre, desencadenante de la crisis política.

El mandato de Morales expiraba el 21 de enero, por lo que el de Áñez, que asumió el cargo para reemplazar al líder indígena y evitar así el vacío de poder propiciado por la cascada de dimisiones de altos funcionarios, también lo iba a hacer ese mismo día.

Sin embargo, el MAS y el nuevo oficialismo acordaron en diciembre consultar al Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de prorrogar el mandato de Áñez y de las demás autoridades de elección popular que también debían abandonar el cargo este mes.

Tras la decisión del Constitucional, Áñez se mantendrá como presidenta interina hasta que se conozca al ganado de las elecciones del 3 de mayo, con las que Bolivia pretende cerrar el capítulo abierto el 20 de octubre. Morales, refugiado en Argentina, no podrá presentar su candidatura, conforme al acuerdo alcanzado por el MAS y los aliados de Áñez.