Ciudad de México. La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, recibió este jueves a sobrevivientes de la explosión ocurrida hace un año en un ducto de gasolina en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, quienes le expusieron su situación de salud a la funcionaria, pero al parecer no solicitaron que se les incluyera en el Registro Nacional de Víctimas.
De acuerdo con fuentes presentes en la reunión –que tuvo un carácter privado--, a la cita acudieron dos o tres personas directamente afectadas por el estallido que ocurrió el 18 de enero de 2019 y un grupo de familiares de ellas, quienes dialogaron con Gómez “en un ambiente de cordialidad” y le explicaron sus inquietudes con respecto a la situación que están viviendo.
Por su parte, la directora de la CEAV les aseguró que dicha institución estará pendiente, receptiva y con una actitud de apertura en relación con los problemas que hoy enfrentan los sobrevivientes de la explosión y sus familias.
De acuerdo con las personas consultadas, los habitantes de Tlahuelilpan no pidieron ser registrados formalmente como víctimas.
Lo anterior, dijeron las fuentes, sólo podría ocurrir si la Fiscalía General de la República (FGR) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le pidieran de forma explícita a la CEAV que interviniera en el asunto de determinada manera, lo cual no ha ocurrido hasta el momento.
Tras el encuentro, no hubo compromiso explícito de volverse a reunir en alguna fecha definida.
Como se informó en este diario en su momento, 137 personas fallecieron y 8 más resultaron heridas luego de que ocurriera un estallido en un ducto de gasolina ubicado en Tlahuelilpan, Hidalgo, el cual había sido previamente roto por supuestos delincuentes.
En días recientes, senadores y diputados de Morena externaron su oposición a que la FGR solicitara el carácter de víctimas para quienes murieron o resultaron heridos en el estallido.
En contraposición, el PAN ha insistido en que más allá del origen de la explosión, en el registro de víctimas hay personas con familiares desaparecidos o asesinados, y que en los juicios todavía no queda claro quién es el responsable.