El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará una investigación administrativa sobre los salarios aprobados para directivos y consejeros, pues argumentó que hay dudas sobre su legalidad y podrían estar generando un daño patrimonial a la institución.
El pasado 20 de diciembre, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó el manual y tabulador de remuneraciones para trabajadores del instituto, en el que se fijó para los consejeros, un salario de 170 mil pesos mensuales con el argumento de que realizan un trabajo especializado. Dicho monto supera en más del 50 por ciento el sueldo del presidente de la República, quien recibirá en este año, 111 mil pesos al mes.
El titular del OIC, Jesús George Zamora, explicó que ese acuerdo podría violar el artículo 127 de la Constitución fracción 3, pues se incrementa el salario a servidores públicos que no cabrían en la excepción de realizar un trabajo calificado o especializado.
También se revisará si en la fijación de los sueldos, se contó con la opinión del comité de estudios de la Cámara de Diputados sobre trabajos calificados a la que hace referencia el citado apartado.
En sesión de la Junta General Ejecutiva del INE, el contralor dijo que se analizará si este organismo no debió haber esperado a que la Corte de Justicia de la Nación emitiera sentencia sobre las controversias constitucionales que interpuso por el tema de los salarios.
Asimismo, se revisará si cuando se asume que el superior jerárquico del INE puede rebasar el tope salarial fijado para el jefe del ejecutivo federal, se está asumiendo que este funcionario es el presidente de la República.George Zamora sugirió a los integrantes de la Junta que encabeza el consejero presidente Lorenzo Córdova, reflexionar sobre una eventual suspensión del acuerdo hasta en tanto se resuelvan las controversias constitucionales.
Por su lado, Córdova resaltó que el INE es una institución modelo en el cumplimiento de la Constitución, pero cuando esta se interpreta difícilmente hay verdades absolutas. Agregó que se mantendrá atento a los planteamientos de la contraloría al destacar que hay una disputa jurídica en este tema que rebasa a todos y que ha involucrado al máximo tribunal.
