La situación de derechos humanos en México “ofrece un espectáculo dantesco” por el alto número de desapariciones, ejecuciones y casos de tortura que siguen existiendo en el país, sin que hasta el momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tome las medidas necesarias para realmente investigar y sancionar a los autores de estos delitos.

Así lo afirmó el director ejecutivo para América de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien señaló que una posible alternativa para hacer frente a este escenario de violencia e impunidad sería crear un grupo especializado de jueces y magistrados que se dediquen exclusivamente a analizar casos de desapariciones, como ocurrió en Argentina y Chile.

En entrevista con La Jornada, luego de presentar hoy el más reciente informe de HRW sobre México, el especialista alertó que México “es uno de los Estados que tiene uno de los peores récords en materia de derechos humanos. Realmente daría para calificar esta situación como una catástrofe, una emergencia nacional”.

Frente a ello, lamentó, la administración de López Obrador únicamente ha hecho avances y compromisos importantes en la búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas, pero no ha hecho prácticamente nada para frenar la dinámica que genera más víctimas de violaciones de derechos humanos.

“Lamentablemente, tanto las ejecuciones como las desapariciones y otro tipo de hechos atroces no han disminuido. [...] Ya estamos con un nuevo gobierno y el año pasado habrían desaparecido más de 5 mil personas; es algo que debería levantar todas las alarmas, pero no pasa nada. Todo sigue como si fuera normal y no es normal vivir con masacres en un país donde hay un sistema democrático de derecho”, enfatizó.

Por todo ello, consideró que una de las acciones que México podría llevar a cabo para combatir las violaciones de derechos humanos y terminar con la impunidad es formar grupos especiales de jueces y magistrados que se aboquen de manera exclusiva al análisis y juicio de estos flagelos, como se hizo en Argentina y Chile tras el fin de las dictaduras militares en ambos países. 

“No se sale sobre la promesa de los gobernantes, por muy buena voluntad que tenga López Obrador. Hay que cambiar, generar políticas nuevas, con recursos específicos y desarrollo institucional. En Chile y Argentina se nombraron jueces, fiscales y magistrados de dedicación exclusiva para conocer estos hechos. Nadie espera que el problema se solucione de la noche a la mañana, pero hay que empezar por algo”, recalcó Vivanco.