Ciudad de México. De último minuto el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro  Gertz Manero, pidieron al Senado un plazo hasta el primero de febrero para entregar nueve iniciativas de ley y la reforma constitucional en materia de procuración de justicia, una vez que se hagan ajustes a los anteproyectos que circularon entre legisladores.

Scherer y Gertz sólo hicieron hoy ante los senadores una presentación general del contenido de sus propuestas y  confirmaron el contenido de los anteproyectos que se distribuyeron a los senadores anoche y de los que hoy da cuenta La Jornada en su edición impresa.

Las propuestas incluyen modificaciones a la figura del arraigo, la aprobación de una Ley de Justicia Cívica, la creación de un Código Penal único en el país, y modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Durante el encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, al que asistió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero-, Scherer Ibarra afirmó que “lo que la gente quiere no es siempre lo que más le conviene, ni siempre lo que ordena la ley”.

Expuso que  “así vemos a México: como un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos”.

Por ello, agregó que este gobierno busca con sus propuestas legislativas “formar un nuevo paradigma que nos lleve a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México”.

En su oportunidad, Alejandro Gertz Manero, señaló que en materia de procuración de justicia y seguridad “se han hecho esfuerzos durante los últimos 20 años, generando respuestas parciales, que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución, no solamente que contenga, sino que no deje que siga creciendo esta situación, que es quizá la más aflictiva de todo el país”.

El fiscal hizo un recuento sucinto de los proyectos de reforma, la cual de inicio propone una Ley de Justicia Cívica, “para ir de ahí al Código Penal, después el procedimiento para poder aplicar el derecho positivo, y después cómo vamos a manejar las sanciones en este sentido.

Respecto de la Ley de Justicia Cívica, dijo que pretende “la prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales”, además de “priorizar la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables”.

Añadió que se promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos “y establecer la diferencia toral entre los primodelincuentes que todavía son rescatables, frente a los habituales y reincidentes que deben ser sometidos a sanciones penales eficaces”.

Apuntó: “En la primera instancia, donde realmente es donde se debe de contener al delito, no hay una sanción que prevenga y otra que identifique al que está delinquiendo ya en forma habitual para que pase de una justicia cívica a una justicia penal”.

Respecto de la propuesta de Código Penal Nacional, dijo que este ordenamiento “debe homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes, en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país”.

Gertz Manero mencionó que con el actual sistema de justicia “se creó lo que se llama una puerta giratoria y entonces, por un lado, entraban y por ese mismo salían, se multiplicó el número de delincuentes, algunas cárceles redujeron su número de internos, pero multiplicaron su daño a la sociedad”.

Resaltó que “todos los primodelincuentes deben tener cárceles abiertas, para no convertirla en alumnos de las escuelas del crimen, cárceles abiertas bajo control, pero cárceles abierta”, mientras que todos los “reincidentes, todos, tienen que ir a la cárcel, y las cárceles tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de autocapacidad, para que realmente ahí se preparen y que uno no puede obligar a alguien a que trabaje, pero el juez sí puede decir ‘pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera readaptarse’.

“Y luego, todos los peligrosos, totalmente aislados de todo el resto de los primodelincuentes, de los habituales, porque esa combinación, de ahí están saliendo las extorsiones telefónicas”.

En ese contexto, Gertz Manero mencionó en su discurso que los proyectos de reforma se tienen “que manejar con un gran cuidado y precisamente por eso, nosotros en este momento… y luego, todos los cambios a la Constitución que esto requiere, porque hacer una reforma de esta naturaleza, requiere una serie de cambios.

“Y vamos a seguir trabajando para que el día 1º de febrero, yo pueda, si ustedes lo permiten, ya tener una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento; y que si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy, muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos”.