Ciudad de México. Vecinos de diferentes alcaldías que integran el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad promovieron amparos contra la Ley de Participación Ciudadana que expidió el Congreso de la Ciudad de México y esperan que en los próximos días los jueces determinen la suspensión de la norma, lo que frenaría la elección de los Comités de participación comunitaria (Copacos) y la consulta ciudadana sobre el presupuestos participativos de éste año y de 2021.
Mayela Delgadillo Bárcena, quien fue diputada de la Asamblea Constituyente que expidió la Constitución Política capitalina, explicó que en los amparos admitidos por jueces de distrito en materia administrativa se reclama la inconstitucionalidad de la ley en su totalidad, ya que el legislativo local violentó el derecho a la participación ciudadana en la elaboración de la norma.
La ley se aprobó en el pleno del legislativo el 12 de agosto pasado y se publicó ese mismo día en un número bis de la Gaceta Oficial para su inmediata entrada en vigor, lo que dejó sin efecto un amparo que habían obtenido vecinos de la colonia Juárez en contra de la decisión del mismo legislativo de posponer la elección de los entonces comités ciudadanos y consejos de los pueblos hasta en tanto se publicara la nueva ley en la que debía establecerse la fecha para la elección.
A partir de que el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso, Martín Padilla Sánchez, presentó la primera iniciativa en la materia el 14 de mayo y con su publicación en la Gaceta Parlamentaria se abrió el periodo que establece el artículo 25 de la Constitución capitalina para que los ciudadanos presenten propuestas de modificación, de no menos de diez días hábiles, que en este caso se mantuvo abierto unos 60 días, hasta el 11 de agosto.
Sin embargo, Delgadillo advirtió que para que efectivamente se garantice el derecho a la participación ciudadana el Congreso capitalino debió sujetarse a lo que se establece en esa materia en tratados y convenios internacionales.
Arturo Caballero, de la Alcaldía de Cuajimalpa, comentó que al haber excluido de la ley los temas de pueblos y barrios originarios, con el argumento de que la ley específica en materia de derechos indígenas –publicada a su vez el pasado 20 de diciembre– contendría las disposiciones relativas a la consulta y derechos participativos, violentó sus derechos al prácticamente decir que una persona indígena no es ciudadana.
Araceli Yucupio, de la Alcaldía de Coyoacán, agregó que el Congreso legisló demasiado rápido y no se le dio opinión a los ciudadanos, en temas como la de dividir 50 por ciento del presupuesto participativo a partes iguales entre las unidades territoriales y el otro 50 por ciento bajo criterios de pobreza, población, inseguridad, entre otros, “como si las necesidades de unas son más importantes que la de otras”.
Leticia Parada, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, mencionó a su vez que la ley no establece los criterios para conformar la unidad territorial, y que no se garantiza corregir anomalías que se presentaban en la elección de comités ciudadanos y la consulta del presupuesto participativo como por ejemplo, en el caso de su demarcación, que personas de Tepeyac I, votaran en Tepeyac II.
