La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) llamó de manera enérgica al Congreso del estado de Nayarit y al gobernador Antonio Echevarría García a derogar las reformas a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de la entidad, recientemente aprobadas, por constituir una “franca violación a su autonomía”.
En un pronunciamiento, la Asociación, a nombre de todas las universidades públicas, exige que se evite, en lo sucesivo, intromisiones externas y se preserve inalterable la autonomía universitaria con todas las facultades y las responsabilidades de sus órganos de gobierno.
Expresó su “preocupación y desacuerdo” por estas reformas, además de su solidaridad, total apoyo y acompañamiento a la Universidad Autónoma de Nayarit para la asesoría necesaria a fin de que, en su caso, se lleve a cabo el proceso de revisión de su ley orgánica y proponer al Congreso estatal las adecuaciones que resulten de ese proceso.
Hay que recordar que el pasado 7 de enero, el Periódico Oficial del Estado de Nayarit publicó las reformas aprobadas por el Congreso local a la ley orgánica de la universidad, en la cual se crea el Consejo de Educación Media Superior, y el Colegio de Elección Universitaria, que tiene como encargo elegir al rector entre los aspirantes insaculados previamente por el Consejo General Universitario.
La Anuies señaló que dichos cambios se hicieron sin el conocimiento de la comunidad universitaria ni de sus órganos de gobierno, violentándose así su autonomía.
De igual forma, recordó que en reiteradas ocasiones se ha pedido que cualquier iniciativa de reforma a la ley orgánica de una universidad pública autónoma debe surgir de la propia comunidad universitaria con la visión y compromiso de fortalecer la educación media superior y superior para consolidarla como medio de movilidad social, desarrollo personal y motor del desarrollo equitativo y sostenible del país y en ningún caso debe responder al interés de una persona o grupo externo.
Por lo tanto, añade, cualquier proyecto de modificación legislativa deberá construirse por los órganos de gobierno competentes de las universidades y los miembros de su comunidad y considerar, necesariamente los alcances y características de la autonomía universitaria.