Hace meses, en mayo de 2019, los gobiernos federal y estatal inauguraron en el Istmo de Tehuantepec el parque Energía Eólica del Sur y las subestaciones eléctricas Arquitecto Ignacio Chávez y José Eduardo Ramírez Briseño. Entre protestas de los pobladores, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ofreció que la administración federal respetará la voz de los pueblos originarios y que ningún proyecto se realizará sin su aprobación.

En el Istmo se han establecido 28 parques eólicos. Sin embargo, según los istmeños, allí se paga la tarifa más alta de energía eléctrica. Magalí Sánchez Santiago denunció: Llevamos años en resistencia. Aquí pagamos de 5 mil hasta 20 mil pesos, pese a que con los sismos de septiembre de 2017 muchas familias perdieron su hogar. Eso no es desarrollo. La inauguración de Energía Eólica del Sur (filial de la japonesa Mitsubishi) no ha generado beneficios para los pueblos de la región, sino sólo para los inversionistas.

Apenas el pasado fin de semana juchitecos que arriendan sus terrenos a la eólica ocuparon la subestación Chávez López. Su vocero, Ramón Martínez Ruiz, denunció: “Nada de lo que nos prometieron se ha cumplido. Nosotros entregamos nuestras tierras pensando que la empresa era responsable, pero ya vemos que no. A nuestros hijos los siguen teniendo como peones, sin basificación y sin prestaciones. A nosotros se nos adeudan pagos desde 2018 a la fecha, dijo (bit.ly/36P4zVd). El proyecto estuvo suspendido cuatro años por un amparo interpuesto contra la consulta organizada por la compañía.

Lo sucedido dista de ser un hecho aislado. Para los grandes inversionistas la resistencia de los pueblos originarios a los megaproyectos es un verdadero dolor de cabeza. Comunidades indígenas se han amparado contra grandes obras o impiden, en los hechos, su terminación. Y, donde ya están en funcionamiento (como en el parque Energía Eólica del Sur), hay protestas continuas.

La tribu yaqui en Loma de Bácum (Sonora), el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo y las comunidades náhuatl, en Puebla y Morelos que rechazan al Proyecto Integral Morelos (PIM) resisten a los gasoductos que atraviesan sus territorios. Desde hace años se ampararon legalmente contra las obras. En varios momentos han puesto el cuerpo por delante para suspenderlas. Hasta el momento lo han logrado (bit.ly/2QLDOLy).). Según la Sener, cinco gasoductos están suspendidos: Tuxpan-Tula, Tula-Villa de Reyes, Villa de Reyes-Guadalajara, Samalayuca-Sásabe y La Laguna-Aguascalientes.

De la mano de estos megaproyectos, justificados en nombre del progreso (y ahora de la soberanía energética), caminan el despojo, la contaminación y la pérdida de identidad, territorio y de la vida misma.

De acuerdo con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, hasta enero de 2018 se suscitaron 77 los casos en los que la falta de consulta a los pueblos indígenas generaron conflictos sociales y 33 juicios de amparo relacionados contra grandes obras: 25 proyectos mineros, 13 eólicos, igual número de hidráulicos o hidroeléctricos, nueve gasoductos, cuatro agroindustriales, tres petroleros, tres termoeléctricas, dos ferroviarios, dos de infraestructura privada, un conjunto turístico y otro inmobiliario. También el del aeropuerto internacional en Creel, finalmente cancelado (bit.ly/2sn0mJo).

Lejos de solucionarse o amainar esta problemática ha escalado con los megaproyectos anunciados por la 4T. La decisión del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de resistir al Tren Maya, al Corredor Interoceánico y al Proyecto Integral Morelos anticipan nuevos conflictos.

La 4T no tiene todas consigo. En su afán por echar a caminar esas grandes obras a cualquier costo ha cometido graves errores. Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas existen serios vacíos en las consultas que el gobierno mexicano realiza a pueblos indígenas sobre proyectos de infraestructura. En la mayoría de las casos –señaló–, los procesos en comunidades indígenas no se realizan de manera previa, no toman en cuenta los usos y costumbres, y tampoco se proporciona información clara, precisa y culturalmente adecuada. Además, con frecuencia son llevados a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre.

La reciente consulta sobre el Tren Maya en la que participó menos de 3 por ciento del padrón y se auscultó a las autoridades ejidales (y no a las comunidades indígenas) fue severamente criticada por la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pues no cumplió con los estándares internacionales en la materia.

El rechazo indígena a las grandes obras de infraestructura de la 4T, que tiene tras de sí una larga historia, anticipa un inevitable choque de trenes en el sureste mexicano. Los inversionistas privados saben lo que implica esta colisión. Algunos de sus proyectos llevan años entrampados legalmente porque subestimaron la resistencia de los pueblos originarios.

Twitter: @lhan55