Ciudad de México. El ex director del Instituto de Vivienda (Invi), Raymundo Collins Flores, contra quien existe una orden de aprehensión por uso indebido del servicio público, al detectarse un desvío de recursos durante el proceso de entrega-recepción, huyó, por lo que autoridades capitalinas solicitaron la emisión de una alerta migratoria y una ficha roja para encontrarlo.

En tanto, un juez de control dejó ayer en libertad al ex director ejecutivo de Asuntos Inmobiliarios del organismo, Fernando Javier Linares Salvatierra, acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades, al prescribir el ejercicio de la acción penal.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que apelará del auto de no vinculación a proceso, pues el criterio utilizado por la juez es incorrecto en cuanto a la prescripción, pues se ejercitó antes de que feneciera el delito que se investiga.

Fuentes de la administración capitalina informaron que se emitió una alerta migratoria para evitar que Collins Flores salga del país, pues cuando supo que había sido ubicado por la ex Procuraduría General de Justicia, se escondió.

Pero estamos buscándolo para ejecutar la orden que hay en su contra y se solicitará también a las autoridades federales su apoyo para que la Interpol emita una ficha roja para la búsqueda y detención del también ex director de la Central de Abasto.

Hasta el momento, dijeron, no tenemos conocimiento de que haya salido del país, pero tampoco la seguridad de que acudirá este viernes al juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal, que dio entrada a su demanda de garantías.

Su solicitud quedó integrada en el expediente 1110/2019, sin concedérsele la suspensión provisional, porque el funcionario en la administración de Miguel Ángel Mancera no lo solicitó, y la audiencia constitucional se efectuará el 17 de enero.

Las fuentes consultadas señalaron que tememos que no llegue y se ampare, como sucedió con Miguel Ángel Vázquez Reyes, ex subsecretario de Administración y Capital Humano acusado de ampliar la nómina del gobierno para desviar recursos públicos.

El 5 de enero, la actual fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, informó que se tenían ubicados al ex director del Invi y al ex comisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí, a fin de cumplir las órdenes de aprehensión en su contra.

Comentó que este último, acusado del delito de quebranto a la hacienda pública al desviar 40 millones de pesos destinados para la atención de inmuebles afectados por el sismo de septiembre de 2017, se le encontró en el extranjero tras emitirse una ficha roja.

A una semana del anuncio, el ex servidor público no ha sido ubicado. 

Prescribió delito 

Respecto del caso del ex director ejecutivo de Asuntos Inmobiliarios del Invi, acusado de participar en el desvío de 475 millones de pesos para la adquisición de un inmueble en la demarcación Álvaro Obregón, fue liberado este lunes.

En la continuación de la audiencia inicial celebrada en la sala de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la juez señaló que el órgano jurisdiccional decretó, al actualizarse la figura jurídica de la prescripción, la extinción de la acción penal.

De esta manera, ordenó la inmediata libertad de Fernando Javier Linares Salvatierra, quien el 18 de noviembre de 2016 autorizó otorgar 400 millones de pesos, como financiamiento directo, a una constructora para adquirir un inmueble.

En la carpeta de investigación se determinó que no contaba con autorización de los comités de suelo ni de financiamiento, así como tampoco de un avalúo. Unos días después, el 22 de diciembre, firmó un contrato por 75 millones de pesos.

Con ello obligó al Invi a entregarle recursos públicos a la usufructuaria del predio ubicado en Paseo de los Olmos número 110, fracción b, colonia Colinas de Tarango, en la demarcación de Álvaro Obregón.

La FGJ informó horas más tarde de conocer de la liberación, que apelará del auto de no vinculación a proceso por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, al prescribir el ejercicio de la acción penal.

De acuerdo con la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, el criterio utilizado por la juez de control es incorrecto en cuanto a la figura jurídica de la prescripción de la acción penal, ya que la misma se ejercitó previamente a que feneciera el delito que se investiga, puntualizó.

Los abogados defensores del ex funcionario público habían expresado su confianza de que saldría libre, pues la carpeta de investigación, integrada apenas en octubre pasado, estaba mal y nuestro cliente nunca fue requerido por las autoridades.