El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fue diseñado para la atención de la población no asegurada en su primer y segundo nivel de atención médica, mientras que la atención del tercer nivel, corresponde a los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, mismos que desde varios años tienen autorizado el cobro de cuotas de recuperación, explicó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

La intención del gobierno federal, indicó, es que se transite a una gratuidad en todos los niveles, pero se requiere primero modificaciones legales. Agregó que no se han aprobado aumento en cuotas de recuperación, y pidió a la población denunciar casos en los que se generen incrementos.

Previo a ingresar a una reunión de coordinación periódica de distintos funcionarios del sector salud con el presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell Ramírez afirmó que la implementación del Insabi no tiene complicaciones, pero existe “una enorme resistencia de grupos de interés económico y de control político sobre los recursos del sector salud”.

Explicó que mientras el Insabi “tiene una misión específica de coordinar la atención de la salud, en particular en el primer nivel de atención, que son los consultorios comunitarios, los llamados centros de salud, y el segundo nivel que son los hospitales generales”, la atención del tercer nivel de atención médica para la población no asegurada corresponde a los institutos nacional de salud y hospitales de alta especialidad.

"Ahí (en el caso de la atención de tercer nivel), la indicación es: todos trabajamos juntos y todos nos coordinamos. Finalmente, la referencia de pacientes, cuando se necesitan servicios especializados, se mandan a los institutos y hospitales federales”.

En este momento, los institutos nacionales de salud se rigen por la ley de los institutos nacionales de salud, y se contemplan cuotas de salud. “Esto no es nuevo, quiero dejarlo en claro, esto ha sido así”.

A mediano plazo, agregó, “nos interesa que toda la atención de salud sea sin costo para el individuo, sin costo para el paciente o para la familia que solicita servicios de salud”.

Para lograrlo se necesita una modificación de la ley de los institutos nacionales de salud, y un proceso que ya está en curso y que fue planeado desde 2019 para una transferencia de financiamiento, para que estos institutos puedan tener solvencia en el día a día, y puedan cubrir sus necesidades.

Ante las quejas de algunos usuarios por aumento de las cuotas de recuperación, reconoció que “ha existido una confusión en oficinas administrativas en estos hospitales, en estos institutos, que están acostumbrados al modelo de seguro popular, y algunos han tardado en percatarse que el modelo ha cambiado”.

En el tercer nivel de atención se mantendrá la cobertura de gastos catastróficos que ya estaban registrados en el modelo anterior, como en tratamiento de cáncer de mama, leucemia infantil y algunas intervenciones quirúrgicas que estaban cubiertas en el seguro popular.

Mientras que, ante la negativa de algunos gobernadores de aceptar sumarse al nuevo sistema de salud, dijo que el presidente ha estado en contacto con los gobernadores, y la mayoría aceptó ingresar a la compra consolidada de medicamentos.

Farmacéutica mantiene chantaje

El subsecretario de la Secretaría de Salud señaló que en el caso de los medicamentos contra el cáncer en México hay un monopolio que mantiene un chantaje.

Aunque dijo que no puede proporcionar el nombre para respetar el debido proceso de investigaciones sobre el caso, denunció que hay una compañía en particular que tiene la hegemonía en los medicamentos oncológicos, y pese a prácticas irregulares, es sexenios pasados se solapó.

En este gobierno, subrayó, "no hemos solapado ningún chantaje, ninguna presión, y esta compañía que fue sujeta de una sanción sanitarios por no tener las adecuadas prácticas de manufactura, tiene hoy cerradas algunas líneas de producción precisamente de fármacos oncológicos”.

Lo que hace la compañía “es seguir chantajeando y está amenazando que no va distribuir medicamentos no solo al sector público, sino también ya empezó a chantajear a entidades privadas de que no dará medicamentos de que, por culpa del gobierno, según esta compañía, no se pueden liberar estas líneas de producción”. 

La realidad, agregó, es que la empresa ya no está interesada en hacer modificaciones a las líneas de producción en sus plantas sancionadas, porque le apuesta ahora a otro mercado con una planta que está en proceso de construcción. 

El caso ya está en proceso de fiscalización y se procederá conforma a la ley.