En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión realizada en la sala de juicios orales 28 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se aceptó la solicitud de su defensa para que se duplicara el plazo constitucional en su probable vinculación a proceso.

La juez Esperanza Medrano, sin embargo, le fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que regresó al Reclusorio Norte, donde ingresó la noche del miércoles tras ser aprehendido en la demarcación Miguel Hidalgo.

Juan Calzadilla, uno de sus abogados, aclaró que el delito que se le imputa no es grave y hay bastante confianza en que pueda salir en libertad pagando una fianza, porque jurídicamente hablando está muy defendible el asunto, por lo que confía en que no se politice.

La audiencia empezó 82 minutos después de la hora programada y se llevó a cabo de manera privada, a solicitud del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación para Servidores Públicos, Mario Monroy, para no afectar la integridad de otras dos personas relacionadas con la investigación.

Con base en la carpeta de investigación, el ex funcionario público se encargó de convenir, gestionar y pagar la compra de un inmueble ubicado en Paseo de los Olmos número 110, fracción b, colonia Colinas de Tarango, en Álvaro Obregón, con recursos públicos.

Sin autorización de los comités de suelo y de financiamiento, y sin el avalúo para su compra, el 18 de noviembre de 2016 autorizó un financiamiento directo, por medio de un convenio de colaboración con una constructora, por 400 millones de pesos, sin precisar que era para comprar ese predio.

Unos días después, el 22 de diciembre, sin contar nuevamente con la autorización del comité de financiamiento, firmó un contrato por 75 millones de pesos, obligando al Invi a pagar esa cantidad por el inmueble a la usufructuaria. 

Presentación de pruebas 

Para justificar su adquisición solicitó a las diversas áreas del instituto la elaboración de los dictámenes social, técnico, jurídico, financiero e inmobiliario, de acuerdo con las pruebas integradas a la carpeta de investigación que se presentaron en la audiencia, la cual se prolongó más de tres horas y tuvo dos recesos.

La carpeta contra Linares Salvatierra se inició en octubre pasado, pero nunca fue llamado ni citado por la Procuraduría General de Justicia, y eso es lo que vamos a argumentar en la reanudación de la audiencia, porque no estaba enterado, explicó Juan Calzadilla.

El delito de ejercicio ilegal del servicio público, precisó, no es grave, por eso se va a definir bien la situación, cuando se resuelva la medida cautelar, y se podría pagar una fianza para que salga en libertad, sobre todo porque la carpeta tiene muchas deficiencias.

Confió en que la juez valorará y revisará muy bien esas situaciones al resolver su situación jurídica en la reanudación de la audiencia, donde se aportarán elementos de prueba para lograr la liberación del funcionario durante la administración de Raymundo Collins en el Invi.