Ciudad de México. En el país todavía son deficientes las acciones que se implementan para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población, sobre todo para niñas, adolescentes, jóvenes, lesbianas, bisexuales, portadores de VIH, personas transgénero e indígenas, afirmaron especialistas.

Lizbeth Quezada, coordinadora de programas de la organización feminista Balance, expuso que en mayo de 2019 se aprobó la reforma al artículo tercero constitucional en el que se incluye la educación sexual y reproductiva y se integra la perspectiva de género en planes y programas de estudio, pero “es fundamental implementarla de manera efectiva”.

Además, dijo que el acceso a métodos de anticoncepción todavía es limitado, sobre todo en adolescentes el personal de salud no los reconoce todavía como personas sujetas de derechos, “se les ve como inferiores”, sin capacidad de tomar decisiones.

También, lamentó que el aborto legal siga sin estar garantizado en prácticamente todo el país. Refirió que según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 17.7 por ciento de las mujeres en edad reproductiva han tenido al menos un aborto, es decir una de cada 5.

En este tema, Sofía Alessio-Robles, coordinadora de la REDefine México, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), indicó que entre 2009 y 2016, se recibieron 70 mil 630 denuncias por violaciones sexuales en procuradurías generales de justicia, pero solamente se reportaron 62 procedimientos por aborto por violación en las secretarías de salud locales.

Agregó que la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva a nivel estatal no cuenta con una plena perspectiva de juventudes, de género ni de interculturalidad.

“Existe un fuerte desabasto de métodos anticonceptivos en unidades de primer nivel de atención”, destacó. Además, muchas veces se deja a discreción del personal de salud cómo se dan las consejerías, a quién se le entregan anticonceptivo, a quién no y de qué manera”. Tampoco, dijo, se promueve la corresponsabilidad masculina en el ejercicio de la sexualidad.

La especialista también resaltó que “en las clínicas hay una gran ausencia en de traductores e interpretes que ayuden a población indígena. Si bien es necesario reconocer que existen buenas prácticas en algunas de ellas, estas dependen casi completamente de la buena voluntad y contacto con el personal de salud”.

En la presentación de la campaña la campaña #AcelerarElAvance: Salud y derechos sexuales y reproductivos, también se destacó el embarazo adolescente. Alessio-Robles recordó que México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor número de casos. “Solamente en el 2017 se registraron 379 mil 268 nacimientos en adolescentes de entre 15 y 19 años. Si hacemos la cuenta, esto equivale a mil 39 diarios”, dijo.

En este sentido, Nasheli Noriega, directora de coordinación interinstitucional e intergubernamental de Conapo, anunció que la instancia de cooperación internacional para el desarrollo de la Unión Europea, Eurosocial, enfocada en monitorear políticas públicas, evaluará la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

Confío en que este año se realice la evaluación para contar con las líneas específicas de qué es lo que se tiene que hacer y cómo focalizar los esfuerzo de la estrategia para atender efectivamente los problemas.

No obstante, adelantó que ya se tienen identificadas algunas situación que obstaculizan la disminución del embarazo adolescente como son la violencia, la interseccionalidad y la educación sexual.

Quezado añadió que en los servicios de salud no se visibilizan las necesidades sexuales y reproductivas de las mujeres lesbianas y bisexuales, por lo que hizo un llamado a que el personal esté capacitado en diversidad sexual, perspectiva de género y conozca las normas oficiales vigentes.