La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ordenó la creación de una Oficina Especial para investigar las violaciones de garantías individuales cometidas durante la llamada “guerra sucia”, además de abrir de oficio un expediente de queja “que permita la clarificación de dicho periodo y los casos concretos a investigar”.

En un comunicado, el organismo señaló que “es necesario y un derecho humano conocer la verdad de lo ocurrido y acceder a la información completa de esos hechos, ya que la verdad en torno de las desapariciones forzadas del pasado reciente es una necesidad imperante, una obligación ética y una deuda histórica”.

De acuerdo con la CNDH, la Oficina Especial investigará todos los casos de desaparición forzada ocurridos entre los años 1969 y 1999, en los cuales estuvieron involucradas fuerzas de seguridad del Estado.

El objetivo de dicho organismo será indagar las desapariciones “para conocer, bajo la presunción de vida, el paradero y/o destino de las personas desaparecidas para restituirlas a sus familias, a sus comunidades y a la sociedad, así como determinar la existencia de violaciones a derechos humanos, conociendo siempre la verdad de lo sucedido”.

En este sentido, dijo la CNDH, se plantea un esquema basado en las investigaciones establecidas por otros mecanismos de Justicia Transicional, como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años Sesenta y Setenta Comverdad, así como de investigaciones académicas.

La Oficina Especial sustentará su trabajo en cinco ejes, entre ellos la búsqueda de archivos que no fueron parte de la apertura de información de sexenios pasados; el reforzamiento documental y testimonial de casos investigados por la Femospp y la Comverdad, y entrevistas a ex funcionarios de todos los niveles que pudiesen proporcionar cualquier tipo de información, “dando atención especial a ex miembros de los aparatos de seguridad del Estado”.

De igual forma, promoverá la inspección de sitios de detención clandestina previamente identificados, así como la búsqueda de nuevos, y la documentación de otras graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y ejecuciones arbitrarias.

Asimismo, propondrá la reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares, mediante el reconocimiento oficial por el Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad de ser los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos, así como de generar condiciones que pusieron sus vidas en riesgo.

También recomendará reformas institucionales, legales, educativas, de memoria y otras como garantías de no repetición; así como dar a conocer a la opinión pública los resultados de la Oficina Especial, difundiendo los mecanismos institucionales represivos involucrados, así como las tramas represivas del Estado.

La CNDH subrayó que, para la consecución de su objetivo, “dicha Oficina Especial no requerirá de gran presupuesto, ya que se integrará con personal comisionado de diversas áreas de este Organismo Nacional, y solo algunas plazas serán creadas ex profeso y se incorporará a ellas nuevo personal”.

El titular de esa nueva área será ocupada por un Licenciado en Derecho con título expedido legalmente, el cual se hará acompañar de un grupo interdisciplinario de personas con perfiles profesionales de distintas disciplinas, entre ellos historiadores, abogados, histopatólogos, odontólogos y antropólogos, todos ellos supervisados por un Consejo conformado por víctimas y familiares de las víctimas.

“Ante los intentos por esclarecer los hechos del pasado relacionados con violaciones a los derechos humanos, que resultaron mera simulación y en los que no se fincaron responsabilidades”, la CNDH enfatizó que la represión del activismo político, las detenciones arbitrarias, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas “ha sido una estrategia de terror aplicada por el Estado que constituye un crimen de lesa humanidad, por lo cual es tiempo de abrir paso a la verdad y justicia a las víctimas”.