Ciudad de México. Un juez federal con sede en la Ciudad de México ordenó archivar y dio por concluido un juicio de amparo que promovió Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracfruz, contra su traslado a otro penal, por lo que seguirá preso en el Reclusorio Norte.

De acuerdo con del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del primer circuito, el fallo del juez fue porque ninguna autoridad federal o local solicitó el cambio de prisión a uno de máxima seguridad.

“Vista la certificación, se advierte que trascurrió el plazo para recurrir la sentencia emitida en el presente juicio... ha CAUSADO EJECUTORIA... una vez que se encuentren notificadas las partes acuérdese lo relativo al archivo. NOTIFÍQUESE”.

De acuerdo en el expediente 806/2019, las 27 autoridades consultadas de centros penitenciarios, federales, de asuntos policiales, por mencionar algunos, negaron la existencia de los actos reclamados; sin que al efecto el quejoso haya desvirtuado dichas negativas aun cuando a él le correspondía la carga de la prueba”.

En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados el Juez Octavio Mejía Ojeda sobreseyó (anuló) el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Apenas el fin de semana pasado, el juez federal Juan Carlos Ramírez Benítez ratificó que el ex gobernador de Veracurz Javier Duarte de Ochoa debe permanecer encarcelado ya que no han variado la condiciones económicas y materiales que dieron origen a que se decretara prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que pudiera evadirse si se le concedía la modificación de las medidas cautelares.

El sábado, luego de una audiencia de ocho horas, el impartidor de justicia resolvió que Javier Duarte debe continuar en prisión, y desechó los argumentos presentados por la defensa del ex mandatario veracruzano, entre ellos que no posee un solo inmueble, no tiene cuentas bancarias y también rechazó la supuesta existencia de un pacto con el gobierno de Enrique Peña Nieto que lo hubiera orillado a pedir licencia a su cargo y abandonar el país, y de la misma manera consideró que era inviable que se garantizara su estancia en prisión domiciliaria con la renta de un departamento por el que se pagaría 25 mil pesos mensuales, ya que ello significaría que cuenta con el apoyo financiero de amigos y familiares.