La dependencia cuenta con una orden de aprehensión en contra de Collins Flores por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del organismo, además de que se conoció que en el Invi se presentaron cinco denuncias penales y demandas administrativas ante la PGJ y en la Contraloría General de la Ciudad de México por diversas anomalías detectadas.

Al respecto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que durante la gestión del ex funcionario se autorizó la construcción de un desarrollo inmobiliario en Álvaro Obregón sin que se haya aprobado por el consejo del Invi, con un monto importante de recursos y que no correspondía a viviendas de interés social o popular, que son las que promueve el organismo.

Entrevistada por separado, Godoy confió en la pronta detención de Collins, quien solicitó la protección de la justicia federal al promover un amparo el pasado 23 de diciembre, el cual se definirá si se le otorga hasta el próximo 17 de enero.

Por el sigilo de la indagatoria, la también fiscal designada por el Congreso local prefirió no profundizar en los detalles ni en datos sobre la orden de aprehensión.

Al salir de la reunión del gabinete de seguridad en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Godoy ratificó que Collins hasta donde sabemos no ha salido del país, además de que la PGJ solicitó al Instituto Nacional de Migración la emisión de una alerta para evitar que el ex funcionario abandone territorio nacional.

Respecto al recurso legal que promovió el también ex secretario de Seguridad Pública para evitar su detención, Sheinbaum señaló que como cualquier otro ciudadano tiene derecho a recibir una suspensión a partir de un amparo, pero que como gobierno continuarán con el trabajo que les corresponde. ¿Qué estamos haciendo? Justicia, sencillamente eso es lo que nos interesa y erradicar la corrupción en la Ciudad de México.

Agregó que desde el inicio de su administración han sido muy consistentes y coherentes, por lo que todas las irregularidades que se encontraron en la entrega-recepción se canalizaron a la Secretaría de la Contraloría, donde si se considera que representan un delito penal se lleva el caso a la PGJ y ahí definen si hay pruebas suficientes para presentarlo ante un juez, que es el que dicta la orden de aprehensión.