Nueva York. Genaro García Luna, el ex funcionario mexicano de mayor rango en ser procesado jamás ante la justicia estadunidense, se declaró ayer no culpable de otorgar asistencia al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios.

En la audiencia de procedimiento, el ex secretario de Seguridad Pública de México e interlocutor principal con las fuerzas de seguridad estadunidenses en la implementación de la llamada Iniciativa Mérida, fue presentado en el mismo edificio de tribunales en donde se enjuició a Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Parte de la evidencia de las acusaciones formuladas en contra surgieron del juicio de El Chapo ahí mismo a fines de 2018 y principios de 2019.

En un breve proceso de lectura de cargos, que tardó unos cuantos minutos ante la juez Peggy Kuo, García Luna –representado por un abogado de oficio asignado por el tribunal ya que sus propios defensores aparentemente no contaron con suficiente tiempo para presentarse– se le cuestionó si entendía los tres cargos de conspiración para el tráfico de cocaína y una imputación de hacer declaraciones falsas ante autoridades estadunidenses (esto en su solicitud de ciudadanía) presentados en su contra. Mediante una intérprete, el acusado declaró que sí.

A la pregunta de la enjuiciadora de si se declaraba culpable o no culpable, él declaró no culpable.

Según la acusación formal ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, los fiscales alegan que mientras ocupaba altos puestos de gobierno entre 2001 a 2012, recibió decenas de millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección a sus actividades, incluyendo el traslado de drogas, proporcionar información sobre investigaciones contra esa organización delictiva por agencias de seguridad, como también de las actividades relacionadas con narcos rivales.

García Luna fue arrestado en Dallas el 9 de diciembre por agentes federales, bajo órdenes de la Fiscalía federal en Nueva York emitidas cinco días antes.

El imputado entró a la sala de la audiencia judicial por una puerta lateral vestido en un uniforme carcelario de camiseta gris y pantalones beige, escoltado por alguaciles federales (se escuchó el sonido de cadenas cayendo poco antes de su ingreso). De inmediato buscó con los ojos a sus esposa, hijo e hija entre la audiencia en la parte de atrás del tribunal, y con un gesto los saludó.

Fue evidente, sobre todo para los que lo conocían de tiempo atrás, el efecto del encarcelamiento sobre su postura física y la preocupación reflejada en su cara.

La juez le preguntó si estaba solicitando su libertad bajo fianza mientras procede su caso, su abogado provisional informó que su cliente aún no había preparado una solicitud, pero que se presentaría más adelante. El litigante agregó que se oponía al argumento de la Fiscalía de que García Luna representaba un riesgo de fuga, explicando que sus hijos están en escuelas en este país y que el gobierno está en posesión de su pasaporte.

Por su parte, la fiscal federal asistente, Erin Reid, reiteró los planteamientos de las autoridades federales a favor de que el acusado lleve en reclusión su proceso, entre los cuales citó la fortuna personal del imputado, sus supuestos vínculos con capos y funcionarios corruptos mexicanos, como también sus viajes frecuentes a México. El fiscal federal encargado del caso, Richard Donoghue, ya había abogado en fechas anteriores a favor de mantener encarcelado al acusado al insistir en que a la fecha lucra de sus delitos.

La juez ordenó dejarlo en prisión por ahora. Al ser escoltado a su retiro de los tribunales, también hizo señales de afecto a la familia e intentó decir algo sin éxito. La familia se rehusó a hacer comentarios ante los medios al concluir la sesión.

Su futuro podría ser determinado la próxima cita procesal el 21 de enero, cuando el caso sea trasladado al enjuiciador federal Brian Cogan, el mismo que presidió el juicio de El Chapo, donde se evaluarán los próximos pasos de este caso.

El ex funcionario mexicano, de 51 años de edad, quien vivía con su familia en Miami después de serle ortorgada la residencia permanente en este país hasta su arresto en Texas el mes pasado, enfrenta condenas potenciales de entre un mínimo de 10años de prisión a un máximo de cadena perpetua.