La Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) consideró que se requiere del establecimiento de un “acuerdo nacional productivo rural de agenda mínima, entre el gobierno, el sector agrícola y la academia” a fin de crear una “estrategia integral de fortalecimiento productivo con una perspectiva de inclusión social”.

Isidro Pedraza Chávez, presidente de la UFIC expuso que el referido convenio podría contribuir a mejorar las condiciones de los pequeños agricultores, los cuales “enfrentan una elevada inseguridad productiva, competencia desleal, acecho de grupos criminales, falta de financiamiento y una política económica que durante los últimos 40 años, ha descuidado el fortalecimiento de las unidades productivas“.

El dirigente expuso que dicha alianza debe contener un “programa emergente para la transformación del campo, pues en 2019 los programas no dieron los resultados deseados, y en 2020 otros programas que impulsaban la productividad desaparecieron”.

Estimó que es “urgente lograr el desarrollo rural, vigorizar la infraestructura productiva, la tecnificación de la producción y la industrialización para que el campo aporte al crecimiento del Producto Interno Bruto para resolver el estancamiento económico”.

Dijo que en México hay 3.5 millones de ejidatarios, pequeños agricultores que producen los alimentos de la demanda interna.

Además en los campos agrícolas hay poco más de siete millones de jornaleros que realizan actividades agropecuarias con un pago de “13 dólares diarios, mientras que ese mismo monto lo reciben los trabajadores en Estados Unidos por hora”.

El programa emergente debería considerar una “agenda legislativa que, entre otras cosas, considere la eliminación de retrocesos al artículo 27 de la Constitución”.