Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los hechos de violencia ocurridos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cieneguillas, Zacatecas, los cuales provocaron en dos días el fallecimiento de 17 personas privadas de la libertad, y demandó a las autoridades correspondientes la exhaustiva investigación de los hechos para que no haya impunidad.

En un comunicado, el organismo público llamó a atender las diversas irregularidades denunciadas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019, como autogobierno, corrupción, cobros de extorsión y sobornos, así como insuficiente personal de seguridad y custodia en dicho centro penitenciario.

Para la CNDH, “el país no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas que enfrenta el sistema penitenciario, ya que los centros de internamiento pueden propiciar inseguridad, violencia, corrupción e impunidad”.

Por lo anterior, el organismo anunció que “intensificará sus esfuerzos tendentes a lograr una efectiva reinserción social de quien ha estado privado de la liberad y destaca la necesidad de que se diseñen y desarrollen políticas públicas que promuevan la justicia restaurativa”.

De acuerdo con el DNSP 2019, recordó la Comisión, el centro penitenciario estatal de Cieneguillas obtuvo una calificación reprobatoria de 5.51, a lo que contribuyeron las deficientes condiciones materiales y de higiene de las instalaciones, la inexistencia o deficientes condiciones materiales y falta de higiene en el área médica, deficiencias en la alimentación y en el procedimiento para imposición de sanciones, así como el ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad.

El DNSP, señaló la CNDH, tiene como principal objetivo hacer del conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia, la situación puntual del sistema penitenciario y que sea un instrumento efectivo que contribuya a la construcción de políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos.

Además, permite orientar dichas políticas públicas en los centros de reclusión de los ámbitos federal y local, lo que permite establecer criterios y tendencias que constituyen un referente para las autoridades penitenciarias que tienen el propósito de mejora del Sistema Penitenciario Nacional.