De acuerdo con fuentes de la administración capitalina, dichas anomalías se sumarían a las denuncias de empresarios constructores por presuntos actos de corrupción en la administración pasada, al exigirles el pago de dádivas, a fin de no retenerles los pagos.

Algunos ex servidores públicos han sido citados a declarar en torno a dichas denuncias y, de acuerdo con el avance de la indagatoria, existirían elementos que apuntan al también ex secretario de Seguridad Pública, por lo que se espera girar dicha orden en los próximos días.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, sin embargo, no encontró motivos para acusar al ex funcionario, quien dirigió el organismo –de 2012 a julio de 2018– encargado de atender la necesidad de vivienda de la población residente, principalmente de bajos ingresos económicos.

Pedro Sosa, quien renunció a la dirección del Invi en agosto pasado tras siete meses en el cargo, señaló que encontró un instituto con un grado generalizado de corrupción y recibió órdenes para combatirla y cambiar los mecanismos que la propiciaban.

El cambio en las reglas de operación del Invi, explicó en su carta de renuncia, tenían el objetivo de impedir el mal uso de los apoyos y asegurar que los créditos llegaran realmente a los que menos tienen, eliminando prácticas corruptas y a los gestores que lucraban con esa situación.

Dichas modificaciones, precisó, fueron aprobadas por un consejo directivo integrado por diversas autoridades, pero provocó la molestia de algunas organizaciones de viviendas, como Asamblea de Barrios, algunos de cuyos integrantes bloquearon las puertas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Estos y otros grupos similares nos agredieron sistemáticamente desde el inicio de nuestra administración con gente por dentro y por fuera del Invi, tratando de obstaculizar que hubiera cambios que afectaran sus intereses y su impunidad, denunció.

La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició en 2013 la averiguación previa FSP/B/T2/1280/13-06 por presuntos actos de corrupción en el Invi, a cargo de Collins Flores, con base en denuncias presentadas por empresarios constructores.

Con base en las irregularidades detectadas por el organismo de control interno del Invi, la PGJ lleva a cabo una investigación a fondo, a fin de deslindar responsabilidades. No se trata de una cacería de brujas, sino de castigar, si existen elementos, los actos de corrupción en que se haya incurrido, dijeron las fuentes consultadas.