Ciudad de México. La diputada local Donají Olivera pidió a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina y la alcaldía de Xochimilco poner atención a las voces de advertencia de vecinos de la colonia Santa Cecilia y de poblados cercanos sobre invasiones al Cerro de Tezontitla, irreversibles y solapadas por trabajadores de la demarcación.

Alertó que la finalidad de invadir el Cerro de Tezontitla es lotificar y vender terrenos, sin que existan autoridades que frenen estos actos delictivos que afectan a los pobladores.

La legisladora lamentó que las expresiones de preocupación de los vecinos hayan sido ignoradas por las autoridades correspondientes, toda vez que existe un acuerdo para el resguardo y conservación del Cerro de Tezontitla –catalogado como reserva ecológica desde 1985– y con ello evitar el crecimiento de la mancha urbana en la zona.

“A decir de los vecinos, el Cerro de Tezontitla ha cumplido con su función ambiental gracias a que ellos mismos han estado inhibiendo a los posibles invasores, que han sido muchos desde hace más de 20 años, aunque manifiestan que el más persistente ha sido un trabajador de la alcaldía llamado Lucio Ríos Cruz”, denunció en un comunicado.

Olivera Reyes precisó que dicho funcionario ha sido desalojado en varias ocasiones por ocupar un área de preservación ecológica y forestal, y que tanto él como Fidel Chávez Ángeles y Antonio García ocupan imprudentemente una fracción de terreno sin ser de su propiedad, que abarca 14 mil metros cuadrados.

“No obstante lo anterior, hasta el día de hoy ninguna autoridad ha podido sancionar y proteger de manera efectiva el Cerro de Tezontitla, ya que después de presentar denuncias ante dicha dependencia (Sedema) y su contraloría interna, no han hecho nada en absoluto para frenar el daño ambiental”, precisó la legisladora de Morena.

Por último, subrayó que dada la gravedad de la situación es necesario que las autoridades correspondientes inicien y ejecuten procedimientos administrativos, y en su caso acciones jurídicas pertinentes para que se investiguen y apliquen las sanciones correspondientes a aquellos servidores públicos que por negligencia u omisión hayan ocasionado daño ambiental.