Ciudad de México. René Gavira Segreste, ex director administrativo de Seguridad Alimentaria (Segalmex), promovió un nuevo juicio de amparo contra el congelamiento de su cuenta bancaria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El ex directivo promovió la demanda de garantías ante un juez administrativo de la ciudad de México el pasado 16 de junio, donde reclamó la orden verbal o escrita de las autoridades financieras para bloquear o inmovilizar el dinero que depositó en una sucursal de Banco Inbursa.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México admitió a trámite la demanda de garantías, quien en los próximos días determinará si le concede a la suspensión provisional.

“Agréguense a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por Priscila Edith Javier Ortega, apoderada legal de Banco Inbursa, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de 15 de junio del año en curso, remite a este órgano jurisdiccional copias certificadas”, señala el resolutivo del impartidor de justicia.

Gavira Segreste enfrenta dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como tres juicios en desarrollo, dos por ejercicio ilícito del servicio público y una por defraudación fiscal.

Anteriormente ha obtenido suspensiones de jueces federales para evadir a la justicia mexicana. Uno de ellos se la otorgó el juez Enrique Vázquez Pérez, titular del juzgado sexto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México, para impedir su detención y encarcelamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, por su presunta participación en la compra simulada de 8 mil 700 toneladas de azúcar.

Cuando se le concedió esa suspensión, Gavira Segreste había obtenido en tres causas penales el beneficio de enfrentar sus procesos en libertad, aunque tenía que firmar el libro de procesados y estar impedido para salir del país. Sin embargo, en abril pasado obtuvo un cambio de medidas cautelares, que le permitió dejar de acudir ante autoridades jurisdiccionales para que confirmaran su disposición a cumplir con sus obligaciones procesales.

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