En vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre el destino definitivo del plan B de la reforma electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) acusó al ministro instructor Javier Laynez Potisek de modificar criterios “para favorecer a la oposición e invalidar” esa modificación.

Con ello, advierte, la “SCJN se convertiría en juez y parte si acepta la propuesta” de Laynez Potisek.

Al fijar su postura sobre la importante resolución de los ministros rumbo a las elecciones generales de 2024, la CJEF considera que Laynez Potisek “propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano”.

La SCJN resolverá hoy si es inconstitucional la segunda parte del plan B de reforma electoral. El expediente del caso señala que a la Fiscalía General de la República (FGR) se le requirió si tenía argumentos jurídicos para aportar al juicio, pero no hizo ninguna manifestación.

Luego de recibir las siete acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos PAN, PRI, PRD, MC, senadores y diputados de oposición y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el ministro Laynez Potisek notificó al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal para que respondieran por escrito a los argumentos de las demandas, lo cual hicieron puntualmente.

Como parte de este trámite, Laynez Potisek también notificó a la FGR para que analizara y respondiera si alguno de los temas del juicio le competía, por ejemplo, lo relacionado con delitos electorales, pero declinó presentar algún argumento para que sea tomado en cuenta por los ministros.

Aunque las demandas de los partidos políticos y legisladores de oposición son similares, pues todos denuncian probables violaciones cometidas durante la aprobación de la reforma, el INAI afirma que también se vulnera el flujo de información entre la autoridad electoral y los partidos políticos, violando el derecho a la identidad, privacidad y protección de datos personales.

Sin embargo, el proyecto no aborda estos puntos y se limita a dar la razón a los argumentos de violaciones al proceso electoral.

En contraste, para la CJEF, Laynez Potisek sostiene en su proyecto que hubo confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se discutía. La equivocación que atribuye el ministro instructor a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas.

Agrega que “para favorecer la pretensión de la oposición, el ministro Laynez Potisek convierte la decisión de los grupos parlamentarios minoritarios de no participar en el proceso deliberativo durante la aprobación de las reformas a las leyes electorales en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado”.

Para la CJEF, de proceder el proyecto de Laynez Potisek, la SCJN se convertiría en una simple oficina de verificación procedimental de la elaboración de las leyes, declinando revisar la constitucionalidad de las normas aprobadas.