Senadores de Morena y PT presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la nueva Ley Orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la que se otorga la autonomía a esa casa de estudios, creada en 1978 como organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La resolución, resultado de un largo proceso de consulta a la comunidad mediante un Congreso Nacional Universitario (CNU), propone crear un organismo público autónomo descentralizado del Estado, que se denominará Universidad Pedagógica Nacional Autónoma de México.

Con el nuevo marco normativo, la universidad podrá “crear, modificar y suprimir la organización académica y administrativa que estime conveniente”, así como determinar sus órganos colegiados, personales e instancias de apoyo necesarios y elaborar las disposiciones normativas internas que le permitan cumplir con su función social educativa.

Contará con un Consejo Superior Universitario (CSU), como máximo órgano de gobierno, que estará integrado por la persona titular de la rectoría general, quien ocupará el cargo por un periodo de seis años y será elegido por la aprobación mínima de las dos terceras partes del citado consejo; así como por un representante directivo por organización académica, dos representantes del personal académico y uno del estudiantado por unidad y subsede.

Sin embargo, profesores-investigadores de la UPN alertaron que “no sólo hay obstáculos para una verdadera democratización de la universidad, pues quien ocupe la rectoría general mantiene el derecho de veto del CSU, sino que en su artículo noveno transitorio se deja a criterio de los gobiernos estatales si las unidades de la UPN –más de 70 en todo el país– se integrarán o no al nuevo organismo, lo que contradice el carácter nacional de esta casa de estudios”.

En entrevista por separado, Yuri Jiménez, investigador de la unidad Ajusco, y Alejandro Arrecillas Casas, de la Unidad San Luis Río Colorado, Sonora, destacaron que si bien el proyecto de decreto reconoce la autonomía de la universidad, “hay un grave retroceso en el artículo noveno transitorio donde se establece claramente que todas las unidades ubicadas en el interior de la República, y que se descentralizaron con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992, pasarán a formar parte de la UPN”.

Señalaron que los gobiernos de los estados tendrán un plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la nueva ley orgánica, para manifestar a quien ocupe la rectoría de la UPN su determinación de que las unidades que se encuentran en las entidades “no formen parte de esa casa de estudios, es decir, será una decisión de cada gobernador, lo que nos deja en un retroceso peor que el acuerdo de 1992, y contradice uno de los ejes centrales de la nueva ley, que es garantizar el carácter nacional de la universidad”.

Arrecillas Casas destacó que “uno de los graves problemas que se enfrentan en las unidades en los estados, es precisamente que se les ha usado como cajas chicas de los gobiernos en turno y se mantienen bajo el control férreo de cacicazgos y del charrismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

La iniciativa fue publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente y se turnará a comisiones del Senado, para su análisis y dictaminación. Para lograr su aprobación se requiere mayoría simple del pleno de la cámara. Hasta septiembre próximo se iniciará el periodo ordinario de sesiones, cuando podría desahogarse la propuesta.