Tegucigalpa. El gobierno de Honduras anunció que las fuerzas militares volverán a asumir el control de la mayor parte del sistema penitenciario del país, después de que 46 mujeres murieran en una cárcel femenil por disputas entre pandillas rivales, dijeron autoridades.

Poco después de asumir el poder en enero de 2022, la presidenta izquierdista Xiomara Castro asignó el control del sistema penitenciario a la Policía Nacional, tras estar bajo el mandato de las Fuerzas Armadas en el gobierno anterior.

"La Policía Militar del Orden Público (PMOP) asume a partir del 1 de julio del presente año la coordinación, dirección y control de los 21 centros penales del país, por un período de un año", dijo la presidencia en un comunicado divulgado el miércoles por la noche.

El sistema carcelario de Honduras cuenta con 26 penales. No se precisó qué cuerpo u organismo tendría el control de los cinco presidios restantes.

En ese período de un año, la PMOP -una dependencia de las fuerzas armadas formada por unos 5 mil hombres- deberá "reclutar, capacitar y formar" por lo menos a dos mil custodios de centros penales, según en el comunicado.

También se ordenó a las Fuerzas Armadas "habilitar las Islas del Cisne (casi inhabitadas en la costa Atlántica) como una granja penal para que sean trasladados cabecillas de organizaciones criminales considerados de alta peligrosidad".

El martes unas internas del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), situado 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, miembros de la pandilla Barrio 18 atacaron a presuntas miembros de la Mara Salvatrucha MS-13 en un episodio en el que 46 mujeres murieron quemadas en un incendio, por disparos o ataques con armas blancas, según autoridades policiales.

Castro busca desmilitarizar la seguridad en Honduras, pero hace varios meses decidió incorporar fuerzas del Ejército en operaciones de seguridad en siete departamentos del país.