Buenos Aires. “Somos docentes, no somos delincuentes”, fue la consigna de la marcha en Jujuy anoche, mientras las manifestaciones de antorchas recorren todos los pueblos en repuesta a la brutal represión del martes, cuando realizaban un acto por el Día de la Bandera, y en momentos en que comenzó a conocerse la verdad sobre los más de 60 detenidos y los centenares de heridos.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Petragalla Corti, llegó a Jujuy cuando se denuncia que las camionetas blancas sin placas en las cuales se llevaban a los detenidos, allanando ilegalmente las viviendas, pertenecen a una empresa de construcciones contratada por el ejecutivo jujeño, encabezado por Gerardo Morales.

El presidente Alberto Fernández solicitó Morales que supere “un conflicto que generó de manera antidemocrática”, al llamar a poner fin “definitivamente” a la violencia en Jujuy.

Además, anunció que instruyó al Ministerio de Justicia que evalúe si hay inconstitucionalidad en los artículos de la reformada de la Constitución provincial, al citar documentos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas.

Advirtió que la nueva Constitución jujeña limita el derecho a la protesta, consagrado en la Carta Magna nacional y en todos los tratados a los que Argentina se adhirió. “A 40 años del regreso de la democracia es inadmisible que haya violencia estatal como respuesta a los reclamos (…) Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio de Argentina”, expresó.

A 17 días del primer reclamo de los docentes, que ganan sueldos miserables, como todo trabajador en esa provincia de extrema pobreza, Morales sostuvo que los manifestantes, que representan además de los maestros a las comunidades originarias, son pagados por Milagro Sala y “turistas piqueteros (manifestantes que hacen bloqueos) de Buenos Aires”.

Sala, dirigente del Movimiento Tupac Amaru, quien lideró la creación de barrios de trabajadores, que por primera vez vivían en casa propia y tenían escuelas y centros de salud, fue detenida tras ser acusada de participar en una protesta pacífica frente a la sede de gobierno en 2016, poco después de que asumió Morales.

Lo que emocionó a la población de la capital jujeña fue la presencia de las comunidades indígenas (en lo que llaman el “malón”, término del pasado, así les decían a los originarios cuando les instalaban cuarteles militares y resistían), transitando entre el aplauso y la alegría de un pueblo tan castigado en los últimos días.

Es evidente que Morales no esperaba semejante levantamiento popular, a pesar de que se había denunciado fraude en las recientes elecciones, en las que se religió como gobernador y se presentó como posible candidato presidencial por la Unión Cívica Radical dentro del espacio de Juntos por el Cambio.

Ana Laura Arroyo, una de los cuatro referentes de HIJOS de desaparecidos en Jujuy, relató que fue detenida cerca de la Legislatura en San Salvador de Jujuy, mientras permanece arrestado Néstor Pipo Mendoza Ortiz, el cuarto integrante de la agrupación de derechos humanos llevado a golpes por la policía al penal de Alto Comedero.

“Lo que se vive en Jujuy es una situación de violación a los derechos humanos similar a la dictadura. Esto es tierra de nadie”, denunciaron desde HIJOS Jujuy. “Nos secuestraron en un estacionamiento cuando estábamos resguardándonos de las balas y las piedras, totalmente indefensas”, contó Arroyo, después que un efectivo policial ordenó a sus colegas: “levántenlos, son de HIJOS.”

“Digo secuestro porque nos levantaron al informarles que pertenecíamos a organismos de derechos humanos”, relató Ana Laura, quien denunció que la esposaron y le “tiraron agua estando arrodillada”, entre otros maltratos, y también habló de lo que sucedía en el interior del penal, antes de ser liberada. Nota ampliada en @lajornadaonline https://shorturl.at/izGM6