En el Día Mundial de los Refugiados, que se conmemoró ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a la sociedad y a las diversas autoridades encargadas de realizar los procesos de reconocimiento de esta condición en México a asumir y garantizar este derecho con que cuentan todas las personas que por diversos motivos se ven orilladas a abandonar sus países de origen.

Enfatizó que es indispensable construir medios idóneos para insertar a estas personas en la economía del país, pero para que además lo hagan en las condiciones más favorables, lo que implica procesos educativos y culturales que permitan combatir y desterrar la xenofobia y el racismo.

“Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben revisar los mecanismos y estrategias que permitan brindarles acceso a la salud, al trabajo, a la educación y a la vivienda, a efecto de que puedan integrarse en las comunidades donde decidieron quedarse, con reales posibilidades de desarrollo e inserción social, aprovechando al máximo su contribución a la vida económica, social y cultural del país”, destacó en un comunicado.

Por su parte, organizaciones demandaron al gobierno federal reconocer la complejidad de la realidad migratoria del país y tomar medidas para garantizar el derecho a la protección de quienes lo necesitan.

El Instituto para las Mujeres en la Migración subrayó que los solicitantes de refugio y sus familias “requieren protección, no detención”. Señaló que incluir alternativas como medidas prioritarias en las leyes ayudará a eliminar las detenciones arbitrarias.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova urgió a los estados a garantizar opciones de regularización y derribar las barreras que dificultan que estas poblaciones gocen de sus derechos.

La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes expuso que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados “no cuenta con los recursos humanos, técnicos y presupuestales para que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar el derecho al refugio”, por lo que quienes lo requieren se encuentran “varados” y viviendo en condiciones “de alta precariedad”.