El gobierno federal oficializó ayer el convenio sobre la transferencia de recursos para la ejecución de IMSS-Bienestar en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur.
Ante los mandatarios de dichas entidades, quienes asistieron a la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que la federalización de los servicios sanitarios representa la transferencia de 71 hospitales, 16 unidades de especialidad y mil seis centros de salud, así como contrataciones de miles de profesionales e inversión multimillonaria en equipos e infraestructura hospitalaria.
Hasta ahora, 18 de las 32 entidades federativas han firmado los acuerdos para la ejecución del IMSS-Bienestar; existen avances para integrar a otras seis y ya hay un acercamiento con la gobernadora electa, Delfina Gómez, para sumar al estado de México, el más populoso del país.
Las cifras expuestas por el presidente López Obrador; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los gobernadores que acudieron a Palacio Nacional dan cuenta de la importancia trascendental de implementar Iel MSS-Bienestar. Se trata de una condición ineludible a fin de avanzar en la cobertura universal de servicios de salud para todos los habitantes que no cuentan con seguridad social, un deber constitucional cuyo cumplimiento se retrasó terriblemente por las políticas neoliberales de reducción del gasto público destinado al bienestar y mercantilización de los servicios de salud.
Debe recordarse que la descentralización de la salud pública, es decir, la transferencia a las entidades federativas de la responsabilidad de proveer este derecho a sus respectivos habitantes, comenzó en 1985, durante la fase de transición del modelo de desarrollo guiado por el Estado al neoliberalismo que imperó hasta 2018.
Esa política se concretó en 1997, año en que el gobierno de Ernesto Zedillo, con el apoyo del Partido Acción Nacional, acabó con las pensiones solidarias de beneficios definidos e impuso el esquema de capitalización individual, poniendo de un día para otro miles de millones de pesos en manos de las administradoras de fondos para el retiro privadas.
En esa misma lógica de entrega de bienes públicos a un puñado de particulares, la descentralización sirvió para otorgar contratos amañados, hacer pingües negocios con la distribución de medicamentos e insumos, cometer fraudes en obras públicas con centenares de instalaciones que se dejaron inconclusas o que nunca se pusieron en operación y, en general, para un desvío masivo de recursos que se tradujo en un deterioro constante de los servicios de salud.
Una prueba contundente del abandono padecido por el sector se encuentra en que hasta la fecha Baja California Sur no cuenta con un solo hospital de tercer nivel, por lo que todos los pacientes que requieren atención de alta especialidad deben trasladarse a otras regiones.
Al revisar las cuentas del sector sanitario en las administraciones descentralizadas, resulta evidente que las recetas de eficiencia presupuestal y reducción del Estado, dictadas por organismos internacionales y adoptadas de manera tan acrítica como interesada por los tecnócratas locales, no fueron sino tapadera de la corrupción y el despilfarro, por lo que hoy urge revertir el daño y consolidar IMSS-Bienestar como institución realmente garante del derecho a la salud.
