Quito. Un hombre, acusado de delinquir en contra de un comerciante en una población del centro andino ecuatoriano, fue linchado e incinerado vivo en un acto de justicia por mano propia que es investigado por las autoridades, se confirmó el miércoles.

El linchamiento ocurrió la noche del martes en la parroquia Huambaló de la provincia de Tungurahua, a unos 140 kilómetros al sur de la capital.

El gobernador de la provincia, Fernando Gavilánez, confirmó a Ap que la policía acudió al lugar para realizar el procedimiento y levantar el cadáver de una persona cuya identidad, nacionalidad y edad no han sido divulgadas.

Gavilánez rechazó “que se tome la justicia por propia mano”, por lo que la Fiscalía deberá actuar para determinar a los autores del hecho.

El funcionario relató que, según la información que recibió, una persona fue asaltada luego de retirar dinero de un banco en una ciudad cercana y al retornar a la parroquia, tres presuntos delincuentes le asaltaron y golpearon. El hecho fue presenciado por un habitante que dio la alerta a la comunidad, ante lo cual dos de los presuntos ladrones escaparon, pero lograron capturar a uno.

El gobernador atribuyó el actuar de la muchedumbre a la proliferación de nuevos delitos como la extorsión y el sicariato entre bandas de microtráfico de droga. Sin embargo, resaltó “la falta de credibilidad en la justicia”, cuyos operadores “permiten que (los delincuentes) entren y salgan después de cometer actos delictivos con medidas sustitutivas”.

La policía nacional informó el miércoles en su cuenta de Twitter que realiza las investigaciones con el fin de recabar indicios y determinar las motivaciones del hecho.

Fotografías que circulan en las redes sociales y que fueron difundidas por medios locales y nacionales muestran el cuerpo de un hombre que tiene las manos y pies atados y que yace inerte en medio de una cancha, mientras personal de organismos de socorro y la policía corroboran su fallecimiento.

En mayo, en la misma provincia, el cuerpo de un hombre fue encontrado con signos de tortura, horas después de ser retenido por comuneros en la localidad Mocha, acusado de robar a unos estudiantes. La Fiscalía investiga el caso de presunto ajusticiamiento.

Un mes antes, en Cuenca, en la provincia de Azuay, tres presuntos delincuentes fueron agredidos por ciudadanos y rescatados por la policía.

Las leyes ecuatorianas establecen una pena privativa de libertad de 30 días a cinco años de cárcel por casuar lesiones a una persona. Si estas se producen en medio de un tumulto o concentraciones masivas se sancionará “con el máximo de la pena privativa” y si se conduce a la muerte de la persona, la ley establece de 22 a 26 años de cárcel por asesinato.

Ecuador enfrenta la peor ola de violencia en su historia, una crisis que las autoridades adjudican a un creciente fenómeno regional del narcotráfico y a lo que considera una recia lucha contra el crimen organizado, que ha desatado la reacción de bandas criminales dentro de las cárceles y cuya disputa se ha trasladado a las calles.

Asaltos, robos y ataques armados, además de una ascendente ola de denuncias de extorsión han atemorizado a los ecuatorianos. Según datos de la Fiscalía del Estado, las extorsiones como mecanismo de financiación de las bandas delictivas pasaron de 2 mil 792 en 2021 a más de 6 mil 400 en 2022.

A esto se suman las muertes violentas. De acuerdo con cifras oficiales, Ecuador cerró 2022 con una tasa de 25.32 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En lo que va de 2023, la tasa es de 17 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Las principales zonas de conflicto son las provincias de la Costa como Guayaquil, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena, en cuyas ciudades se concentran más de 80 por ciento de los asesinatos.