Para 2027, Nacional Monte de Piedad puede entrar en proceso de quiebra debido a las altas prestaciones que tienen los trabajadores en su contrato colectivo de trabajo (CCT) y por la baja actividad prendaria, que ha caído más de 50 por ciento en años recientes, alertó Javier de la Calle Pardo, director general de la institución.

Ayer durante una conferencia de prensa, el titular de la institución prendaria consideró que la salida más fácil y sana con la que se puede preservar el Monte de Piedad es concluir el actual CCT.

Sin embargo, el sindicato se niega a poner sobre la mesa esta posibilidad, además que la Secretaría del Trabajo hizo una recomendación a la institución de sólo hacer modificaciones y no darlo por terminado.

“Ya no hay tiempo para el Nacional Monte de Piedad; estamos en un momento crítico que nos puede llevar a la quiebra”, planteó el directivo.

De la Calle explicó que con las actuales condiciones laborales, en 2025 la institución comenzará a tener pérdidas y de hecho, precisó, hay peritajes realizados en conjunto con el sindicato que demuestran que el actual contrato colectivo de trabajo podrían llevarlo a la quiebra.

“Nuestro peritaje indica que quebraría en 2027. El del sindicato que en 2029. Ya no hay tiempo para el Monte de Piedad”, planteó.

Según el directivo, el costo de operación del Monte de Piedad asciende a 7 mil 296 millones de pesos, y del total, 46.5 por ciento lo absorbe el CCT.

“Hemos visto cómo el sindicato echa el balón a la tribuna, distrae con temas que no son relevantes y pone una narrativa que busca distraer. Interpreta de manera inadecuada cifras reales, falsea, dice verdades incompletas”, acusó.

La versión del sindicato

Durante la conferencia, un grupo de trabajadores despedidos –de los 300 sindicalizados que fueron cesados– se manifestó afuera de las instalaciones de Nacional Monte de Piedad, en la colonia Juárez.

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la institución, Arturo Zayún González, señaló que el objetivo de los directivos “es liquidar el contrato colectivo, despedir a los trabajadores con antigüedad y hacer otra empresa con un contrato de protección”.

Desmintió lo dicho por De la Calle, respecto a que el sindicato absorbe 46 por ciento de los gastos. Zayún aseguró que sólo representa 11 por ciento de los costos laborales, incluidas las prestaciones, mientras los empleados de confianza concentran 35 por ciento.

Destacó que en la declaración fiscal 2022 la empresa reportó gastos por 7 mil 290 millones de pesos, de los cuales mil 390 millones de pesos son administrativos y 5 mil 900 millones de pesos de operación. En esa declaración, se reportaron mil 862 millones de pesos destinados a sueldos de 4 mil 600 empleados de confianza, sindicalizados y jubilados. De este total, sólo 700 millones se aplicaron a la nómina de 2 mil 410 sindicalizados y jubilados.