El gobierno federal informó que la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto (Conase) dejará de estar adscrita a la Secretaría de Gobernación y será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, dio a conocer que la Conase “cuenta con atribuciones específicas en materia de vinculación, operación, gestión y seguimiento de las acciones entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno, competentes en la atención y combate de los delitos de secuestro, extorsión y trata de personas”.

Además, se debe comisionar a elementos de la Guardia Nacional y de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, previa suscripción de los convenios correspondientes entre las instituciones y conforme a las disposiciones aplicables, quienes están bajo el mando operativo del titular de la coordinación.

Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, la SSPC debe remitir el reglamento de la coordinación al titular del Ejecutivo Federal para su expedición.

Por otra parte, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura, publicó un decreto por el que crea la Comisión Intersecretarial Permanente contra el Tráfico Ilícito de Bienes que forman parte del Patrimonio Cultural.

Al señalar que México es el sexto país con el mayor número de bienes culturales inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y uno de los países más afectados por el saqueo y el tráfico ilegal a nivel internacional de piezas prehispánicas y arte sacro, es necesario que dependencias federales eviten ese delito a través de esta comisión, que “vele por el cumplimiento, desarrollo, aplicación y difusión de las normas jurídicas nacionales e internacionales para prevenir y erradicar el tráfico de bienes culturales, así como promover su recuperación”.

La Comisión Intersecretarial debe coordinar, supervisar y evaluar las acciones, políticas y programas para la identificación, protección y recuperación del patrimonio cultural propiedad del Estado mexicano que se localice en el territorio nacional, así como en el extranjero y que haya sido ilícitamente sustraído de su lugar de origen.