Dentro de los muy amplios casos y situaciones de violación de derechos humanos en nuestro país está en curso una campaña que busca el alto a la guerra en Chiapas contra las comunidades zapatistas, sin que dicha guerra sólo afecte a ellas, sino que se ha naturalizado como un patrón complejo en muchas regiones del territorio nacional. Todo lo cual, sin duda, coloca el foco de atención en el Estado mexicano, no sólo en el gobierno actual y en el sexenio, sino en el incumplimiento estructural, por acción u omisión, de una función central, como es garantizar el respeto a los derechos humanos de todos sin distinción alguna. Para las víctimas, sus familias, los organismos defensores de derechos humanos está presente la lucha contra la impunidad y la decisión irrenunciable de utilizar los espacios jurídicos a su alcance en todos los planos, nacional e internacionales, las “ventanitas o respiraderos”, que decía el líder mixe Floriberto Díaz Gómez (=), sin olvidar la necesidad de mantener el esfuerzo en la difusión de estas luchas para lograr compromiso y conciencia social al respecto. Siempre enfrentando el riesgo de que antes de justicia se reciba la criminalización oficial a sus promotores en claro ejemplo de aquello de que es mejor eliminar al mensajero para eliminar su mensaje.
En este contexto, hoy llamamos la atención sobre el caso de Antonio González Méndez, miembro de las bases civiles del EZLN, que fue desaparecido el 18 de enero de 1999 por el grupo paramilitar Paz y Justicia, que operó en municipios de la zona norte de Chiapas, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento del EZLN. Como bien sabemos, una parte central de la misma fue la formación de grupos paramilitares, contra civiles, que tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia.
Frente al contexto nacional adverso para la justicia, la familia de Antonio y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) decidieron acudir, desde 2000, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para demandar al Estado mexicano por esa desaparición e impunidad.
Después de un largo proceso internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, y reconoció que se tenía por demostrada la política estatal contrainsurgente, la participación del Estado en la conformación de grupos paramilitares, y que Paz y Justicia fue uno de ellos. Adicionalmente exigió investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto.
El gobierno mexicano, en tiempos de la llamada Cuarta Transformación, decidió dar un cumplimiento mínimo, protocolario, al informe de fondo: el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población ofreció una disculpa pública en la que reconoció el contexto de la desaparición. A la fecha no se han realizado acciones para buscar a Antonio González, y menos aún se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.
Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), ante la cual el gobierno de México negó nuevamente la política contrainsurgente. El Frayba ha denunciado que tal postura en los hechos, lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones sicosociales que siguen produciéndose por la falta de verdad para las víctimas del paramilitarismo en Chiapas, como es el caso de los sobrevivientes de la masacre de Acteal, o de los familiares de los otros 37 desaparecidos y 85 personas ejecutadas por Paz y Justicia.
El Frayba está dando a conocer que en los próximos días se celebrará la audiencia del caso ante la Corte Interamericana. Destaca y llama la atención sobre el hecho de que se trata del primero que la Corte conoce sobre este contexto, e implica nueva oportunidad para que el Estado mexicano sea condenado a reconocer la verdad sobre este episodio de la historia, así como para que finalmente se comprometa a reparar a todas las víctimas de su política criminal. Se enfatiza que la CorteIDH puede fortalecer la exigencia histórica para que el Estado mexicano reconozca que la desaparición de Antonio González Méndez fue cometida en el marco de su política contrainsurgente, desarrollada en Chiapas durante los años 90. Asimismo la siempre vigente urgencia de su búsqueda exhaustiva, y reconocimiento definitivo de la verdad y responsabilidad por todos los crímenes cometidos en este periodo. Porque no se trataría sólo de un caso y una persona desaparecida.
Estamos hablando de sentar un precedente indispensable para hablar con solvencia del estado de derecho en el país.
